Por: Armando Villanueva Mercado
Cualquiera que hubiese sido el monto en estas circunstancias habría sido criticado de un lado o de otro lado porque el Estado aún no ha evaluado el daño en su conjunto ni la indemnización que debiera exigir, no solo a Odebrecht, sino a todas las empresas implicadas, OAS, Camargo Correa, Andrade Gutiérrez, entre otros.
¿De cuánto estamos hablando? No lo sabemos. Lo pensamos en algún momento en la bancada y particularmente en mi despacho. El año pasado presenté EL PL 1765, que propone nombrar un “Consejo de Estado” conformado por el presidente de la República, Ministerios concedentes, Poder Judicial, Ministerio público, gobiernos regionales y municipalidades comprendidas en las concesiones, el Congreso y La Contraloría. El trabajo de este grupo sería evaluar la sobrevaloración de los proyectos en los que trabajó Odebrecht y demás.
Hoy por hoy, es necesario y de suma importancia que el Estado convoque a este “Consejo Nacional” para evaluar los daños que le ha hecho Odebrecht al sistema político, a la institucionalidad democrática y el estado de derecho al haber sobornado, inclusive, a cuatro presidentes de la república, hoy en cuestión (Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y PPK), ministros, gobernadores regionales, congresistas, alcaldes, entre tantos funcionarios.
¿Cuánto puede pedir el Perú como indemnización? Imposible saberlo sin una apreciación integral teniendo en cuenta que Estado Unidos por el solo hecho de haber intermediado a través de sus sistema financiero le ha impuesto la multa de US$/2.600 mlls. Aunque se pida US$/ 600, o US$/5.000 mlls., considero que sería una cifra relativamente menor. Por citar dos ejemplo: la Interoceánica, ¿cuánto costó? US$/600 millones, luego US$/ 800 y concluyó probablemente en más de US$/4.500 mlls.
Nosotros, como Acción Popular, enviamos una comisión en el 2005 para evaluar el proyecto. La conclusión de esa comisión fue que “con un presupuesto para una carretera de primera categoría se ejecutaría una carretera de tercera categoría”. Esa obra ya estaba sobrevalorado.
Otro, el Gasoducto Sur que se inició con un presupuesto estimado en US$/1.350 mlls. para saltar luego a US$/7.300 mlls., que de haber sido financiado para pagarse en 34 años, habría llegado a la friolera de más de US$/ 30.000 mlls.
La Ley 30737 en función de la cual se ha dado este convenio suscrito con Odebrecht la semana pasada abre la posibilidad a nuevos convenios, respecto a otras concesiones, caso Gasoducto Sur, que no esta considerado entre los cuatros concesiones investigado por sobornos.
