Allanan casa del alcalde de Moyobamba, San Martín

Existen acusaciones en su contra por presuntamente coaccionar a los proveedores de servicios del ayuntamiento para que depositen el 5% de sus ingresos como contribución obligatoria

por | Abr 16, 2024 | Actualidad

Existen acusaciones en su contra por presuntamente coaccionar a los proveedores de servicios del ayuntamiento para que depositen el 5% de sus ingresos como contribución obligatoria

Los agentes de la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la región San Martín llevaron a cabo un operativo de allanamiento en las instalaciones de la Municipalidad Provincial de Moyobamba, así como en las residencias del alcalde Ronald Garate Chumbe.

Siguiendo una orden judicial de allanamiento, descerraje e incautación de documentos, las autoridades llevaron a cabo un operativo que abarcó no solo las oficinas de la Municipalidad Provincial de Moyobamba y la residencia del alcalde Ronald Garate Chumbe, sino también la casa del líder del partido político Movimiento Unión Regional (MUR), Hugo Díaz Mejía, situada en la ciudad de Tarapoto.

De acuerdo con la tesis presentada por la fiscalía, se sostiene que el alcalde Ronald Gárate Chumbe estableció vínculos con Víctor Hugo Díaz Mejía, ex candidato a la presidencia del Gobierno Regional de San Martín por el Movimiento Unión Regional (MUR), así como con Edwin Martín Vargas Chávez, ex jefe de difusión de campaña del mismo partido.

Existe una acusación en su contra por presuntamente integrar una red delictiva que habría impuesto a los proveedores de servicios de la Municipalidad Provincial de Moyobamba la obligación de entregar el 5% de sus ingresos como un pago irregular. Las autoridades están investigando estos graves señalamientos para determinar las responsabilidades correspondientes.

Hay rumores circulando que indican que la red delictiva habría establecido una cuenta bancaria en la entidad financiera Caja Piura con el fin de canalizar los depósitos ilegales. Además, se ha observado que los proveedores estaban obligados a enviar sus recibos de pago como evidencia del aporte exigido por la organización. Estos hallazgos son parte de una investigación en curso que busca desentrañar la complejidad de estas operaciones ilícitas.

Según lo comunicado por la Fiscalía, los individuos presuntamente implicados estarían enfrentando acusaciones por cometer delitos vinculados a la corrupción en la gestión pública, concretamente bajo la figura de concusión. Este tipo de señalamientos son de suma gravedad y están siendo investigados minuciosamente por las autoridades pertinentes para esclarecer los hechos y aplicar las medidas legales correspondientes.

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