Las iniciativas de destitución de la presidenta no entran en debate dentro del Congreso
El Pleno del Congreso no permitió un debate sobres las tres mociones de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte, cuyo objetivo es declararla de forma irremediable incapaz moralmente y destituirla de su cargo. Las iniciativas no superaron el número mínimo requerido para el debate.
El congresista Álex Flores, quien propuso una de las mociones de vacancia, acusó a la presidenta de obstaculizar el trabajo del jefe de la Diviac, el coronel Franco Moreno Panta, al desmantelar el Equipo Especial de la PNP. Instó a los partidos de derecha a apoyar la moción y advirtió que no pueden seguir respaldando a un Gobierno «incompetente».
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La parlamentaria Ruth Luque de Cambio Democrático – Juntos Perú insistió en que Boluarte «debe explicar políticamente sus acciones y logros».
La congresista Margot Palacios de Perú Libre mencionó acciones cuestionables por la presidenta, como la represión de protestas y el escándalo de préstamos de relojes Rolex por parte del gobernador regional Wilfredo Oscorima.
El representante de Fuerza Popular, Eduardo Castillo, afirmó que «la vacancia de Boluarte distraerá de los problemas reales del país». «Quienes la llevaron al poder deben rendir cuentas», agregó, refiriéndose a los grupos de izquierda. Patricia Juárez hizo una observación similar.
Los congresistas Alejandro Muñante de Renovación Popular y Edwin Martínez, exmiembro de Acción Popular, también expresaron objeciones.
Boluarte guarda silencio ante la Fiscalía
Se ha revelado que la presidenta Dina Boluarte ha evitado brindar más información a la Fiscalía de la Nación sobre el caso Rolex. Durante la audiencia del miércoles 15 de mayo, Boluarte solo repitió su afirmación anterior de que los relojes fueron un regalo del gobernador de la región de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.
Posteriormente, durante un interrogatorio encabezado por el fiscal adjunto, Juan Carlos Villena Campana, Boluarte optó por guardar silencio. Los fiscales hablaron anteriormente de un posible soborno después de admitir que se trataba de un préstamo y de saber de millones de soles entregados al gobierno regional de Ayacucho a cambio de financiar el proyecto.
El abogado de la presidenta intenta influir en el caso de Nicanor
Mateo Castañeda, asesor legal de la presidenta Dina Boluarte, ofreció al coronel Walter Lozano, del Equipo de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), un ascenso a cambio de su ayuda. La conversación ocurrió el 8 de febrero en el restaurante La Terraza del Pardo en Miraflores.
Durante la reunión, Castañeda solicitó a Lozano que ascendiera de rango antes del cambio de gobierno a cambio de intervenir en el caso de Nicanor y trasladarlo a la Fiscalía común. «No hay nada en la casa de su hermano», sugirió el abogado, insinuando que Boluarte podría favorecer a Lozano antes de que termine su mandato. También insistió en que Lozano contacte a Marita Barreto, coordinadora de Eficcop, para facilitar el cambio de jurisdicción.
Lozano, quien ahora está en el Programa de Alto Mando en Orden Interno y Desarrollo (Pamoid), dijo que solo puede actuar con una solicitud oficial. Pero Castañeda siguió insistiendo en usar sus conexiones con Barreto y Harvey Colchado, sugiriendo que podrían persuadirlos.
Horas después de que Harvey Colchado, exjefe de la Diviac, confirmara la existencia de un audio donde Castañeda lo presionaba para favorecer a su hermano, el portavoz presidencial, Fredy Hinojosa, dio una conferencia de prensa.
«Hay cero preocupación de que se filtre algún audio en los próximos días», dijo, añadiendo que las declaraciones «no tienen nada que ver con la presidenta, ni directa ni indirectamente». «Estas son declaraciones de personas que no están en el poder ejecutivo», añadió.
“La presidenta y sus agencias siempre siguen los procedimientos, las instituciones y las leyes. No hay preocupación por la circulación de ningún audio”, insistió.
