A pesar de las presiones internacionales y de un sector de la llamada izquierda caviar el dictamen del proyecto de ley que busca fiscalizar los millonarios recursos que reciben las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) sería aprobado por más de 90 votos.
Se sabe que más de ocho bancadas parlamentarias han asegurado que votarán a favor de la propuesta legislativa pese a presiones que reciben de parte de embajadas y personajes de izquierda, en especial de los vinculados a los derechos humanos. Estas ONG no rinden cuentas de los más de 500 millones de dólares que reciben cada año de la cooperación internacional.
Entre estas tiendas políticas están Fuerza Popular, Perú Libre, Alianza para el Progreso (APP), Podemos Perú, Renovación Popular, Acción Popular, parte de Avanza País y Honor y Democracia.
Estos grupos parlamentarios coinciden en la idea de que se debe transparentar el uso del dinero que llega a ciertas ONG -muchas de ellas politizadas- de parte de la cooperación internacional.
No obstante, es importante indicar que dependerá de la Junta de Portavoces y del Consejo Directivo la priorización del dictamen en la agenda del pleno, donde debe ser debatido y votado. Con el apoyo de todas las bancadas mencionadas hay 88 votos, cuando la votación del caso requiere mayoría simple.
Al respecto, la norma busca modificar por lo menos tres artículos de la Ley 27692, Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) para establecer la obligatoriedad de los registros, planes operativos y declaraciones anuales de las entidades.
Según el primer artículo del proyecto, la fórmula legislativa busca regular el cumplimiento de los registros, la presentación de planes operativos y las declaraciones anuales de las ONG, así como también de las entidades e instituciones extranjeras de la Cooperación Técnica Internacional, de las instituciones privadas sin fines de lucro, de las receptoras de donaciones de carácter asistencial y/o educacional provenientes del exterior.
Asimismo, precisa que la APCI será la que garantice el uso correcto de los recursos de la cooperación internacional que se gestionan por medio del Estado, como aquellas organizaciones receptoras privadas que cuenten con algún privilegio o beneficio tributario.
En otras palabras, con este nuevo dictamen se busca un control más riguroso al uso de recursos del exterior y obliga a las ONG a adecuar su labor a una serie de preceptos que, de no cumplirse, podrían derivar en multas cuantiosas de hasta 257 mil 500 soles (50 Unidades Impositivas Tributarias, UIT) o su cierre o cancelación.
El dictamen también contempla una relación de infracciones. Advierte que, de aprobarse la norma, las ONG estarán prohibidas de usar indebidamente los recursos de la cooperación internacional o de las donaciones recibidas del exterior.
Precisa que no podrán utilizar fondos de la cooperación internacional para financiar o participar en actividades que atenten contra el orden público, el estado de derecho y los procesos electorales de nuestro sistema democrático, lo que incluye actividades de medios de comunicación, redes sociales, partidos políticos, organizaciones sociales y empresas privadas, sea como partícipe o instigador de actos que vayan en contra de la paz social.
La propuesta refiere, además, que las ONG no podrán presentar información falsa o documentación adulterada en la Declaración anual de Intervenciones o cualquier actividad.
