Legislativo y ejecutivo podrán dar sus descargos
El Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Blume, anunció que el miércoles 4 de diciembre se realizará la audiencia pública en la que se revisará la demanda competencial presentada por el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, contra la disolución del Congreso.
Se informó que la audiencia se llevará a cabo en Lima a las 9:30 de la mañana. En esta se escucharán los argumentos de las partes involucradas.
El último viernes, el Ejecutivo presentó formalmente su respuesta ante la demanda competencial presentada por Olaechea tras la disolución del Congreso del pasado 30 de setiembre.
El documento fue entregado por el procurador público Luis Alberto Huerta Guerrero, quien aseguró que el accionar del Ejecutivo fue constitucional porque consideró que el pleno del Congreso rechazó la confianza solicitada por el entonces primer ministro, Salvador del Solar.
Cabe recordar que la demanda competencial fue presentada ante el TC el pasado 10 de octubre.
El documento fue entregado por el procurador público Luis Alberto Huerta Guerrero, quien explicó que el accionar del Ejecutivo fue constitucional porque el pleno del Congreso rechazó la confianza solicitada por el entonces primer ministro Salvador del Solar.
El jueves 10 de octubre, Pedro Olaechea presentó al TC la demanda competencial contra el Ejecutivo por la disolución del Congreso, la cual fue elaborada por un equipo jurídico del Parlamento disuelto.
“Ocasión en la que las partes involucradas podrán participar a través de sus representantes o abogados esgrimiendo los argumentos que a su derecho convengan”, aseveró el presidente del Tribunal Constitucional.
Como se recuerda, la demanda competencial fue presentada el 10 de octubre por el titular de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, quien sustentaba su posición en los artículos 109 y 110 del Código Procesal Constitucional.
El documento argumenta conflicto de competencias “respecto del planteamiento de las cuestiones de confianza que formuló el presidente del Consejo de Ministros”.
Refiere que el Ejecutivo “no tiene competencia para realizar pedidos de cuestión de confianza respecto de atribuciones que son de competencia constitucional exclusiva del Congreso”, y que la confianza debe plantearse, debatirse y someterse a votación.
