Caso involucra exasesora de Pedro Chávarry
A través de la disposición superior N°02-2019, la Tercera Fiscalía Superior en Delitos de Corrupción de Funcionarios dirigida por Nelly Castro Olaechea, declaró el pedido de elevación de actuados que interpuso el procurador Javier Pacheco, para que la investigación por deslacrado de oficinas del MP en contra del ex fiscal Pedro Chávarry sea derivada a una Fiscalía Común.
El Ministerio Público determinó no continuar el proceso por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de cohecho pasivo contra los ex funcionarios de la fiscalía Rosa Venegas, Aldo León, Juan Manuel Duarte, Max Aranda, Juan Asmat Bucalo, César Sandoval, Arturo Benavente y Marco Elaluf, así como los policías Juan Arias Contreras, Hugo Robles y James Rodríguez Zavaleta.
El procurador público sostuvo en el documento de impugnación que, lejos de derivar el caso, correspondía formalizar una investigación preparatoria para que se profundice la evaluación de los hechos sucedidos, “móviles y factores motivaciones y/o de ofrecimientos que habrían tenido todos los investigados”.
El procurador público sostuvo en el su documento de impugnación que, lejos de derivar el caso, correspondía formalizar una investigación preparatoria para que se profundice la evaluación de los hechos sucedidos, “móviles y factores motivaciones y/o de ofrecimientos que habrían tenido todos los investigados”.
Ministerio Público determinó que no se continúe el proceso por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de cohecho pasivo propio contra los exfuncionarios de la fiscalía.
“Consideramos que por el momento, en el presente caso no existe causa probable ni motivos razonables para considerar la necesidad de una apertura y continuación de una investigación por los delitos de cohecho pasivo propio y cohecho pasivo propio en el ámbito de la función policial, pues conforme a los hechos puestos a conocimiento del Ministerio Público, no se niega la posibilidad de comisión de conducta punible, cuya calificación provisional se subsumió en los delitos de destrucción de envolturas, sellos o marcas puestas por la autoridad y encubrimiento real […] siendo así que se ha de continuar con su investigación por un fiscal competente”, se lee en la disposición.
