Por: Tulio Arévalo van Oordt / Faltan pocos días para las elecciones extraordinarias (el próximo domingo 26 de enero es el día ‘D’) y sorprenden las recientes declaraciones del Premier Vicente Zeballos, quien deslizó la posibilidad de pedir una cuestión de confianza al nuevo Congreso si este no refrendaba los Decretos de Urgencia, expedidos hasta ahora por este gobierno.
El 17 de octubre del año pasado, en las páginas de La razón (‘¿Y si el nuevo congreso no es de izquierda, como espera el presidente?’, titulamos la columna), advertíamos sobre esa posibilidad. Y es que todo parece indicar, como lo sospechábamos, que este no será un Congreso de izquierda, caviar, más bien el Frente Amplio tendrá muchos menos parlamentarios que los que tenía y Juntos por el Perú estaría en ‘veremos si mete alguno’. Los morados, de Guzmán y del ‘coleccionista de autógrafos’ Sagasti, tampoco serían una bancada significativa, más si conflictiva con la oposición.
El Congreso que elijamos para terminar el período 2016-2021 será de centro derecha. Dentro de ese abanico, se alzan voces que anuncian una fiscalización sobre las acciones del gobierno, realizadas desde el caprichoso cierre del Parlamento. Desde el Decreto de Urgencia que devuelve a los transportistas el IGV por la compra de diésel, pasando por la vanal ley de cine (si vanal, porque esa ley no tiene nada de urgente), hasta la apresurada ejecución presupuestal realizada en los últimos cuatro días del 2019, y que llegó nada menos que al 10 % de lo gastado en todo el año.
¿A qué le teme el gobierno? ¿Por qué Zeballos amenaza con una cuestión de confianza? ¿Qué es lo que no quieren que sepamos, en que han tirado nuestra plata (si, nuestra plata, porque lo que gasta el Estado es dinero público, del pago de nuestros impuestos)? Tenemos derecho a que el Congreso cumpla una de sus funciones, que es fiscalizar. Pero como estamos en el Perú, aún no se ha elegido al Congreso y éste ya está amenazado de ‘muerte’.
Con los antecedentes de las cuarenta y pico de denuncias contra el Presidente Vizcarra por acciones realizadas cuando fue Gobernador de Moquegua, de la incapacidad para ejecutar el presupuesto sectorial de algunos ministros (Zulema Tomás tuvo que renunciar al Ministerio de Salud, por no realizar la compra de equipos médicos), de las denuncias por supuesta corrupción contra el Ministro de Transportes Edmer Trujillo, con una Junta Nacional de Justicia hecha a la medida, con un Ministerio Público controlado por el Ejecutivo, ¿quieren que el Congreso renuncie a realizar sus funciones?
Si esto llegará a suceder se confirmarían las sospechas de numerosos analistas independientes, que señalan que la verdadera intención de este gobierno sería quedarse más allá del 2021, con la clara intención de tapar sus malas acciones. Hay que estar atentos y no permitir un nuevo atropello contra el legislativo. De ser así, la próxima víctima podría ser el Poder Judicial. Y ahí su se acaba la gracia … y la democracia republicana en el Perú.
(*) Periodista y consultor político.
