Abogado afirma que debido a su edad y padecer hipertensión, su defendida está en grupo de riesgo
La defensa de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, el abogado Raúl Pariona, presentó un pedido para que se ordene, con carácter de urgencia, la convocatoria de una junta médica “para evaluar y determinar el estado de salud” de su patrocinada ante el riesgo de que se contagie de coronavirus (COVID-19) o de otra enfermedad respiratoria.
Vale anotar que Susana Villarán cumple prisión preventiva -ordenada por 24 meses- desde mayo del 2019 en el penal anexo de mujeres de Chorrillos. La fiscalía la acusa de haber recibido aportes de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS para la campaña del No a la revocatoria y su reelección en las elecciones regionales y municipales del 2014.
La solicitud hecha para que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) convoque a una junta médica fue planteada al juez penal de turno y tiene como finalidad lograr que se analice el estado de salud de la exburgomaestre, además se informe si es que existen las condiciones suficientes para que continúe recluida en un centro penitenciario.
PACIENTE DE ALTO RIESGO
Cabe indicar que en su exposición de motivos, el abogado Pariona afirma que el pasado 12 de marzo Susana Villarán presentó una gripe que fue atendida en el tópico del penal, dos días después. Pariona sostuvo que, sin embargo, se le proporcionaron medicamentos recetados recién el 15 de marzo. “Lamentablemente, al ingerirlos le han provocado un cuadro de intoxicación, lo cual le viene generando mayores afecciones a su salud”, detalla.
Pariona recuerda que su patrocinada tiene 70 años y padece de hipertensión y lupus eritematoso sistémico, lo cual la hace una “paciente de riesgo alto” ante la posibilidad de que se contagie de coronavirus. “La señora Villarán califica como grupo de personas con alto riesgo de contagio y mortalidad, conforme a los parámetros de la Organización Mundial de la Salud”, agrega.
La exalcaldesa es investigada por los presuntos delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo propio y lavado de activos. Según el Ministerio Público, recibió US$3 millones de la empresa Odebrecht y US$7 millones de OAS.
