Por: Edgardo Palomino Martínez / “A confesión de parte relevo de pruebas” es el axioma jurídico que Marisa Glave, la regidora de confianza de Susana Villarán de la Puente, debió tener presente cuando públicamente afirmó ser ella la artífice de los contratos celebrados por el Municipio Metropolitano con Odebrecht y OAS durante la gestión de la Villarán. En el caso de OAS, específicamente la Adenda N°1 del Contrato de Concesión del Proyecto “Línea Amarilla”, suscrita el 13 de febrero de 2013, con sustanciosos beneficios para OAS y sus asociadas, como también, presumiblemente, para la “cúpula” de la supuesta organización criminal enquistada en el gobierno edil de ese entonces.
La confesión de Glave Remy reconociendo que ella misma, directamente, se ocupó de la Adenda N° 1, la hizo a Víctor Andrés García Belaúnde, en el debate que ambos políticos sostuvieron en marzo de 2016, en el programa que dirigía la periodista Mónica Delta con ocasión de las elecciones generales de dicho año y que era difundido por el canal de señal abierta Frecuencia Latina.
Este hecho, que ha quedado registrado para la posterioridad en internet (https://www.youtube.com/watch?v=G2_TCATgiJ4), ha sido públicamente confirmado por García Belaúnde en la reciente entrevista; y, su omisión por el Fiscal Carlos Puma Quispe y su equipo de trabajo, a los efectos de establecer la existencia de una organización criminal en el gobierno de la MML dirigida por Villarán de la Puente, constituiría culpa inexcusable, si no dolo.
Como explicamos en nuestro artículo anterior, la Ley requiere un mínimo de tres sujetos para que se configure el delito de “Organización Criminal”. Marisa Glave sería quien, con Susana Villarán y José Miguel Castro, completaría el trío mínimo que la Ley exige para que se configure la asociación ilícita que se enquistó en el gobierno de la MML durante el período 2011-2014.
¿“Jefa de Planeamiento” de la organización criminal enquistada en la MML?
Con experiencia como regidora de la MML entre el 2007 y el 2010, Marisa Glave fue la regidora de confianza de Susana Villarán desde inicios del 2011 hasta su revocatoria en marzo del 2013, ocupando durante este período el cargo de presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano de la MML, puesto de importancia y poder.
Conforme al Art. 36° del Reglamento Interior del Concejo Metropolitano de Lima, corresponde a la Comisión de Desarrollo Urbano dictaminar la procedencia de asuntos vinculados con: acondicionamiento territorial; usos de suelo y su planificación; zonificación urbana; planificación urbana metropolitana; planificación y ejecución de desarrollo, de renovación y de expansión urbana; proyectos habitacionales; proyección de asentamientos humanos marginales; planificación metropolitana de vías e infraestructura urbana; planificación metropolitana de equipamiento y servicios; zonas y áreas ribereñas; áreas verdes, parques y áreas recreativas; entre otros temas.
Así, en su condición de presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano, Marisa Glave habría determinado los términos y condiciones y dictaminado favorablemente: el Contrato de Concesión “Proyecto Vías Nuevas de Lima” otorgado a Odebrecht y sus asociadas; la Adenda N° 1 del Contrato de Concesión “Proyecto Línea Amarilla” a favor de OAS; el “Plan Río Verde”; la reubicación de la Comunidad Shipibo-Konibo; la compra del terreno dónde sería reubicada la mencionada comunidad; el cambio de zonificación del mencionado terreno; entre otros tantos casos cuestionados por corrupción vinculados con Odebrecht, OAS y terceros.
Si en mérito a los actos y contratos antes mencionados, dictaminados favorablemente por Marisa Glave como presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano de Lima, se derivan los fondos y dineros maculados con los que se financiaron la “Campaña por el NO” y la “Campaña de Reelección a la Alcaldía” de Susana Villarán, cabe preguntarse: ¿Resulta creíble que Marisa Glave [dada su relación tan estrecha con Susana Villarán; sus funciones en la MML; y, su interés de no ser revocada como regidora] no fuese parte de la presunta organización criminal que la Villarán habría liderado y dirigido; y, que no conociese acerca de los actos corruptos entre la MMl y las constructoras brasileras? ¿Por qué no se ha investigado y/o denunciado a Marisa Glave?
No debe descartarse la hipótesis que, en su momento, Marisa Glave, para pasar desapercibida por “el radar” de los medios de comunicación y redes sociales, se haya apoyado en la periodista Paola Ugaz –a la sazón, supuesta Gerente de “Social Media” de la MML en ese entonces, con quién mantenía una estrecha relación personal–, como se narrará en un próximo artículo.
Tampoco debe desestimarse la posibilidad que Marisa Glave estés siendo blindada desde el Ministerio Público, donde, a decir de Enrique Ghersi “…la influencia del IDL y de la izquierda es muy grande”, y que, por ello, en su caso, la impunidad triunfe.
Tenga en cuenta, estimado lector, que, si en el caso de Marisa Glave la impunidad triunfa, ésta también habrá triunfado en el caso de Susana Villarán, pues no se podrá cumplir el presupuesto del mínimo de tres miembros que la Ley exige para que se configure el delito de “organización criminal”.
Continuará.
