Según el premier Adrianzén, la CPI no puede investigar o enjuiciar casos que ya están bajo investigación o enjuiciamiento por órganos del Estado con jurisdicción
El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, anunció el miércoles que el Gobierno peruano enviará una comisión de alto nivel a La Haya para defender a la presidenta Dina Boluarte ante la Corte Penal Internacional (CPI).
La medida se dará luego de que la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) y la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) presentaran una denuncia por los muertos durante las protestas.
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«Estamos coordinando para que una comisión de alto nivel viaje pronto a La Haya para reunirse con las autoridades de la CPI y presentar la posición del Estado peruano. Confiamos en que esta información sea suficiente para que la denuncia sea rechazada», dijo Adrianzén en una conferencia de prensa.
Denuncia contra la mandataria
El martes 25 de junio, la FIDH y Aprodeh presentaron un documento ante la Fiscalía de la CPI denunciando a Boluarte por crímenes de lesa humanidad e intento de asesinato, relacionados con las muertes ocurridas durante las protestas a raíz del fallido golpe de Estado de Pedro Castillo, entre diciembre de 2022 e inicios de 2023.
Adrianzén destacó que, según el Estatuto de Roma, la CPI tiene jurisdicción sobre crímenes como genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y agresión. Sin embargo, argumentó que la denuncia no cumple con el requisito de demostrar un «ataque generalizado o sistemático contra una población civil».
