Declaraciones del exasesor de Patricia Benavides revelan detalles del canje que se ha convertido en una “práctica usual en el Congreso”.
Jaime Villanueva Barreto, exasesor de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, confiesa que el presidente del Congreso, Alejandro Soto, pidió a Patricia Benavides que archive la investigación fiscal en su contra por el caso de la Fábrica de Trolls. Para sellar el acuerdo, Soto ofreció agendar la votación para la destitución de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). La oferta fue tentadora para Benavides, quien quería tumbarse a la JNJ porque la estaban investigando por su intromisión a favor de la jueza Emma Benavides y otras graves denuncias.
“ [la congresista Patricia] Chirinos me dijo que en el Congreso no lo querían agendar [la moción de remoción de la JNJ]. Hablé con Patricia Benavides y le manifiesto que para que se agende había que hablar con el presidente del Congreso, (…) Alejandro Soto. (..) Al día siguiente, o a los dos días, Benavides me dijo que ya había tomado contacto con Soto. (…) Es el mismo Soto el que pide que se agende. Creo que fue al día siguiente de que se agendó, (el exasesor) Abel Hurtado y yo fuimos al Congreso a visitar a Soto (…). Nos pidió que se le apoye en la investigación que se le había abierto por el caso conocido como Fábrica de Trolls. De hecho, nos comentó que esa era una práctica usual en el Congreso”, expresó Villanueva Barreto ante la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos de Funcionarios Públicos.
Lee también:
Exasesor de mandatario podría ir hasta 15 años a la cárcel por colusión agravada
Cuando se hizo pública la declaración de Villanueva, el investigado por el caso Fábrica de Trolls manifestó a los medios que “no ha cometido delito alguno”, ya que “no se ha reunido con asesores o exasesores de la fiscal de la Nación y que jamás tuvo interés en negociar beneficios personales o ejercer presión a funcionarios”.
Como se recuerda, el caso de la Fábrica de Trolls se difundió a raíz de que un grupo de asesores y empleados del Poder Legislativo insultaban a legisladores de la oposición por mensajes y videos en redes sociales durante sus horas de trabajo. El caso se destapó con una investigación de “Cuarto poder” y Soto respondió que desconocía las actividades de sus empleados. Sin embargo, el programa publicó evidencias que confirmaron que el presidente del Congreso sí estaba informado. Tras ello, se inició una investigación fiscal en su contra.
