El Segundo Juzgado Permanente Especializado en Extinción de Dominio de Lima dispuso la transferencia definitiva a favor del Estado peruano de cuatro inmuebles y una cuenta bancaria pertenecientes al expresidente Alejandro Toledo Manrique, su esposa Eliane Karp y su suegra Eva Rose Fernenbug.

La medida judicial se ejecutó al declararse fundada la demanda de extinción de dominio, luego de determinarse que los activos, valorados en más de 5.1 millones de dólares, fueron adquiridos mediante actividades ilícitas vinculadas a los delitos de colusión, tráfico de influencias y lavado de activos durante el mandato del exmandatario.

La resolución judicial detalla que los inmuebles afectados se encuentran ubicados en las zonas más exclusivas de la capital y en un reconocido balneario norteño. Entre las propiedades transferidas destacan las residencias de Las Casuarinas (Santiago de Surco) y Camacho (La Molina), además de diversas unidades inmobiliarias situadas en el complejo empresarial Torre Omega (Surco) y una propiedad vacacional en el balneario de Punta Sal (Tumbes).

El valor total de adquisición de estos predios asciende exactamente a 5 millones 126 mil 716 dólares. Asimismo, el fallo judicial comprende la pérdida del derecho de propiedad que ostentaba Eva Rose Fernenbug sobre una cuenta bancaria en el Banco de Crédito del Perú (BCP), la cual alberga la suma de 42 mil 237 dólares, fondos que también pasarán a las arcas públicas de manera irreversible.

De acuerdo con la información proporcionada por el Poder Judicial, el sustento de la sentencia radica en que el dinero utilizado para la compra de estos bienes provino de actos de corrupción pública. Las investigaciones fiscales demostraron el nexo entre el dinero y los sobornos de empresas trasnacionales. En consecuencia, el órgano jurisdiccional aplicó las causales previstas en el artículo 7.1 del Decreto Legislativo n.° 1373, ley que regula el proceso de extinción de dominio en el país.

El juzgado ordenó que la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) proceda a inscribir formalmente los citados bienes a nombre del Estado en las partidas registrales correspondientes, una vez que el fallo quede firme.