La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) aprobó, por mayoría, el informe de calificación que da inicio al proceso de denuncia constitucional contra los cuatro integrantes de la Junta de Fiscales Supremos: Delia Espinoza —fiscal de la Nación—, Juan Carlos Villena, Zoraida Ávalos y Pablo Sánchez, ello por no acatar la ley aprobada por el Congreso que restituye a la Policía Nacional facultades para la investigación criminal.

Los denunciantes son los congresistas Fernando Rospigliosi, José Cueto Aservi y Alfredo Azurín de las bancadas Fuerza Popular, Honor y Democracia, y Somos Perú respectivamente, quienes en su denuncia les imputan a los fiscales supremos titulares los presuntos delitos de abuso de autoridad, prevaricato y falsedad genérica por lo que solicitan su inhabilitación para ejercer función pública por un periodo de 10 años.

Cuestionan que los cuatro fiscales supremos —quienes indistintamente han ejercido el cargo de titulares del Ministerio Público—, en lugar de dar cumplimiento inmediato a la

“Se ha ocasionado un evidente perjuicio a la correcta administración de justicia, han afectado al país al negarse a cumplir una ley que están en la obligación constitucional y legal de cumplir y hacer cumplir, y han afectado sensiblemente la institucionalidad, el Estado de derecho, la gobernabilidad y por ende la democracia”, señalan.

Ello, en relación a la Ley N.° 32130 —publicada el 15 de octubre de 2024—, que restituyó a la Policía Nacional la atribución de la investigación preliminar.

“Es una denuncia contra toda la Junta de Fiscales Supremos que emitió un reglamento para impedir que se aplique la ley, lo cual es completamente ilegal. En ese momento era Villena el fiscal de la Nación, pero en la denuncia están incluidos todos los fiscales supremos”, explicó Rospigliosi.

En esa línea, advirtió que la fiscal de la Nación y el Ministerio Público en general están, además, asumiendo “desde hace tiempo un rol político que no les corresponde”.

De acuerdo al Reglamento Interno del Congreso, la SAC remitirá su informe de calificación a la Comisión Permanente. En su próxima sesión, dicha instancia debe fijar el plazo para que la subcomisión investigue y presente su informe sobre el caso.