Así se inició la cacería judicial contra Alan

La persecución política contra el expresidente Alan García se inició en el año 2017, cuando funcionarios de la empresa brasileña Odebrecht admitieron ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos que pagaron US$29 millones en sobornos a funcionarios peruanos entre 2005 y 2014 y obtuvieron ganancias por US$143 millones.

Este periodo abarca los gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).

Esta declaración fue el inicio para que fiscales peruanos se dedicaran a perseguir y “cercar”, como lo señala el colaborador eficaz Jaime Villanueva en su reciente declaración ante el Ministerio Público, algo que compromete a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez y al periodista Gustavo Gorriti de la ONG IDL.

«Soy el hombre más investigado del Perú en los últimos 30 años», dijo Alan García, expresidente de Perú, a la cadena peruana RPP, un día antes del operativo fiscal que derivó en su muerte.

Su declaración era un intento por defenderse ante la investigación de la que era sujeto por la trama Odebrecht. «Lo que tengo es absolutamente fruto de mi trabajo», añadió.

En ese 2017, la Fiscalía, controlada por la izquierda caviar, investigaba a García por presunto lavado de activos. Lo acusaba de recibir sobornos de Odebrecht en su segundo gobierno para adjudicarle la ejecución de los tramos 1 y 2 de la línea 1 del Metro de Lima y para beneficiar a la empresa brasileña durante la construcción de la carretera Interoceánica.

Las autoridades sostenían que recibió parte de estos sobornos en forma de un pago de US$100.000 por una conferencia en Sao Paulo.

El resto de los sobornos, según tesis fiscal, los habría recibido a través de los exfuncionarios de su gobierno Luis Nava y Miguel Atala.

Parte de esta “investigación” fue filtrada a la prensa y se informó que Nava supuestamente recibió alrededor de US$4 millones de la Caja 2 de Odebrecht.

Además, García estaba acusado de recibir aportes de Odebrecht para las elecciones presidenciales de 2006.

A inicios de 2018, Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en Perú, dijo a las autoridades peruanas que había entregado US$200.000 a la campaña de García, a través de Luis Alva Castro, otro miembro del APRA, el partido de ambos.

Sin embargo, el abogado del Partido Aprista, Erasmo Reyna, deslindó responsabilidad del partido de la estrella con aportes ilícitos de la constructora brasileña. La defensa del Apra resaltó que las declaraciones de Barata no involucraron al expresidente Alan García. Es decir, manipularon la información.

Reyna dijo que, si se dieron entregas irregulares de dinero al exministro Luis Alva Castro, será él quien tenga que aclararlo durante el desarrollo de las investigaciones.

Indicó que las declaraciones de Barata presentan «inexactitudes» y aclaró que la alusión de entrega de dinero a Alva Castro en el local partidario de la Avenida Arequipa tampoco es exacta, pues «no tienen local partidario en la avenida Arequipa».

«No hay ningún elemento con lo cual él (Jorge Barata) pueda reafirmar o corroborar que finalmente estos recursos fueran asignados a la campaña», resaltó Erasmo Reyna. (Continuará mañana)

 

APUNTE

Sin pruebas

«Lo claro y concreto es que respecto a Alan García no hay hasta el día de hoy nada ilícito que se haya señalado o corroborado», dijo Erasmo Reyna.

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