Los fiscales del Equipo Especial Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), encabezado por Marita Barreto, allanaron 21 inmuebles en el marco del operativo ‘Valkiria II’, buscando pruebas contra la suspendida Fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Entre estas viviendas, se encuentra la que pertenece al periodista y director del portal Sudaca, Juan Carlos Tafur.
De acuerdo con la notificación fiscal, Tafur es sindicado como supuesto integrante de la organización criminal que habría liderado la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides. En esta red, señalan, cumplió el rol de operador.
Se informó que esta acción da tras «un reporte sobre desprestigio contra la fiscal superior Marita Barreto, que había sido formulado por el abogado de su gran amigo José Luis Castillo Alva».
VENGANZA
Ante la prensa, el comunicador consideró que el allanamiento constituye un acto de «venganza» por parte de Barreto, quien se encarga de dicha operación.
«Esta es una venganza de Marita Barreto por haber publicado el informe sobre los viajes de Marita Barreto a Punta Cana y Miami para ver el caso Sada Goray (…) Quiero denunciar esto como un abuso y una persecución fiscal», sostuvo Tafur.
ABOGADO DE DINA
También llevaron a cabo un allanamiento en las oficinas del estudio de Óscar Nieves Vela, uno de los abogados de la presidenta Dina Boluarte.
Las autoridades intervinieron dos propiedades en el distrito de Miraflores: una ubicada en la Avenida La Mar y otra en la Calle Santander. Ambas direcciones están asociadas a las oficinas de Nieves Vela Estrategias, Gestión & Servicios Legales S.A.C., según registros de la SUNAT.
Como resultado de esta operación, siete personas quedaron con detención preliminar por los delitos de organización criminal, colusión agravada, tráfico de influencias y otros; además de 21 viviendas allanadas.
Se detuvieron a Miguel Ángel Girao Isidro, Abel Hurtado Espinoza, José Luis Castillo Alva, Giancarlo Valer Enciso, Jorge Luis Palomino Quesada, Mirtha Cristina Gonzales Yep y Jorge Jonathan Rodríguez Menacho.
De acuerdo con el Ministerio Público, la intervención fiscal se da en el marco de las investigaciones seguidas contra los exasesores Jaime Villanueva, Miguel Girao, José Castillo y otros vinculados al círculo de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
NUEVAS DENUNCIAS
Horas más tarde, el Ministerio Público dio a conocer que durante la gestión de la fiscal suspendida Patricia Benavides se habría direccionado un monto de S/7.522.436,18 para la contratación de equipos de cómputo.
«…, pues hasta antes del 5 de setiembre del 2023, se contrataron con el Ministerio Público la suma de (…) (S/209.459,27) y después de su designación contrataron con esta entidad por la suma de (…) (S/7.522.436,18), lo que hace advertir que todas esas contrataciones de equipos de cómputo en el Ministerio Público habrían sido concertadas con los socios de la empresa y funcionarios de alta dirección del Ministerio Público, bajo la misma modalidad y procedimientos que se realizaron con antelación…», se lee en el documento.
Esta tesis manejada por la Fiscalía tiene como figura principal al abogado penalista José Luis Castillo Alva, a quien ha sido acusado por tener presuntos vínculos ilícitos con Benavides. Este personaje se habría encargado de la coordinación de este direccionamiento a favor de la empresa Inversiones Tecnológicas del Perú S. A. C.
Por ello, la Fiscalía de la Nación ha solicitado el impedimento de salida del país contra la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, ante el «peligro procesal» por la supuesta pertenencia a una organización criminal.
MANIOBRA BURDA
En respuesta Patricia Benavides rechazó el operativo ‘Valkiria II’, calificando el mismo como una «burda maniobra», cuya finalidad es «forzar» su destitución.
«Rechazo la burda maniobra, evidentemente concertada, de montar un psicosocial con fiscales y policías para impresionar a las autoridades y a la opinión pública, y así forzar mi injusta destitución, pese a la inexistencia de pruebas en mi contra; incluso, mencionan a mis menores hijos», se le escucha decir en un video, difundido en redes sociales.
DOBLE
Ante esta situación, el abogado Carlos Caro indicó que “a diferencia de Gustavo Gorriti, Tafur no tenía el celular del Fiscal de la Nación para llamarlo, reclamar y evitar la diligencia del Ministerio Público”.
“Pese a ello, los propios periodistas dicen poco o nada. Nadie reclama. Los gremios de comunicadores, también en silencio”, añadió.
En tanto, la excongresista fujimorista Cecilia Chacón dijo que el allanamiento de Marita Barreto a Juan Carlos Tafur “demuestra fehacientemente que Gustavo Gorriti es tratado de manera diferente. Yo espero que el señor Tafur recuse a Marita Barreto”.
Barreto denuncia a 2
reporteros de Willax
Tras informar el allanamiento en la vivienda del periodista Juan Carlos Tafur, en el marco del operativo ‘Valkiria II’, el periodista Augusto Thorndike dio a conocer que también hay una «denuncia delirante» en contra de dos reporteros de Willax Televisión por hacerle un supuesto reglaje a Marita Barreto.
«Nosotros, en este noticiero, hemos criticado algunas de las gestiones de Marita Barreto y aquí nos persigue. Hay una denuncia delirante en contra de dos de nuestros reporteros, Karina Aliaga y Johann Klug, por hacerle un supuesto reglaje a Marita Barreto. Dos periodistas identificados como miembros de este canal», dijo el director periodístico de Willax.
Thorndike calificó como «descabellado» las denuncias que hizo Marita Barreto, coordinadora del Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), en contra de dos reporteros de esta casa televisora.
Sicariato
El abogado Wilber Medina señaló que “otra vez el sicariato fiscal-judicial en acción, mientras los delincuentes asaltan con arma de fuego, la fiscalía con los códigos retorcidos convertido en el arma más vil para violar libertades y derechos. Basta ya del sicariato fiscal-judicial”.
