Congreso endurece sanciones contra malos efectivos
El Pleno del Congreso aprobó, en primera votación, un proyecto de ley que endurece las penas contra policías y militares que colaboren con bandas u organizaciones criminales, estableciendo incluso la cadena perpetua en determinados casos.
La medida fue respaldada durante la sesión parlamentaria con el objetivo de fortalecer la función militar y policial, combatir la infiltración del crimen organizado y delimitar con mayor precisión las competencias del Fuero Militar Policial.
La iniciativa contempla modificaciones al Código Penal Militar Policial y al Nuevo Código Procesal Penal, incorporando nuevas disposiciones relacionadas con los delitos cometidos por efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en ejercicio de sus funciones.
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ENDURECEN SANCIONES
Uno de los puntos centrales de la propuesta establece penas de entre 20 y 30 años de prisión para aquellos militares o policías que aprovechen su posición para proporcionar armamento, entrenamiento, información o cualquier otro tipo de apoyo a organizaciones criminales.
La norma busca sancionar con mayor severidad las conductas que impliquen una traición a la función pública y que favorezcan directa o indirectamente las actividades de estructuras delictivas.
Además, el texto aprobado contempla una pena aún más drástica cuando la colaboración tenga consecuencias fatales para terceros. En esos casos, si como resultado de la asistencia brindada a una organización criminal se produce la muerte de una persona, la sanción aplicable será cadena perpetua.
DELITOS DE FUNCIÓN
Otro aspecto relevante de la iniciativa es la precisión de los alcances del denominado delito de función. Según el dictamen aprobado, los delitos cometidos por efectivos en actividad durante actos de servicio, acciones de armas o estados de emergencia serán considerados dentro de esta categoría.
En consecuencia, dichos casos deberán ser investigados y juzgados por la jurisdicción militar policial, instancia especializada para abordar hechos relacionados con el ejercicio de funciones castrenses o policiales.
La propuesta también establece que ningún efectivo podrá ser procesado simultáneamente por los mismos hechos en la justicia ordinaria y en la justicia militar policial.
De presentarse una situación de competencia entre ambas jurisdicciones, la prioridad recaerá sobre el Fuero Militar Policial, conforme a lo dispuesto en el texto aprobado por el Parlamento.
