POR: LUCIANO REVOREDO
He denunciado a Paola Ugaz por sus vínculos con el caso de las Chalinas Verdes, luego de mi declaración de la semana pasada, su abogado, Carlos Rivera, se pronunció en su cuenta de Twitter afirmando que yo había admitido que no tenía pruebas. Rivera afirmó que la única prueba en la que yo me habría basado serían los artículos de un diario local. Luego del tuit de Rivera, Ugaz y sus amigos habituales salieron en distintos medios a difundir lo afirmado por él y a decir que con ello se debería dar por terminada la investigación que lleva adelante el Ministerio Público. Sobre el particular, quisiera aprovechar esta columna para comentar tres cosas.
En primer lugar, debo decir que lo afirmado por Rivera, según consta en el acta de la declaración realizada, no se ajusta a la realidad. No puedo revelar el contenido de lo dicho en esa ocasión pues soy observante de lo que estipula el Código Procesal Penal en su Art. 324, titulado “Reserva y secreto de la investigación”. Allí se lee: “La investigación tiene carácter reservado. Solo podrán enterarse de su contenido las partes de manera directa o a través de sus abogados debidamente acreditados en autos”. A diferencia del abogado Rivera, no voy a quebrantar este mandato del referido Código.
En segundo lugar, en relación con la denuncia que presenté en contra de Paola Ugaz para que se le incluya dentro de la investigación del caso Las Chalinas Verdes, quiero remitirme al Art. 326 del Código Procesal Penal, titulado “Facultad y obligación de denunciar”, en el que se lee: “Cualquier persona tiene la facultad de denunciar los hechos delictuosos ante la autoridad respectiva, siempre y cuando el ejercicio de la acción penal para perseguirlos sea público”. Como ciudadano peruano, consideré parte de mi responsabilidad solicitar que la instancia correspondiente investigue los indicios verosímiles que aparecieron en diversos medios sobre el accionar de la Sra. Ugaz. Será el Ministerio Público quien determine si hay o no fundamento en las imputaciones que se le hacen. Por otro lado, llama la atención que sean periodistas quienes cuestionen que se use un informe periodístico como indicio de una investigación fiscal. De no ser por informes de esta naturaleza, ¿cómo se hubiera conocido el Vacunagate, los Vladivideos, el caso de los Cuellos blancos, entre tantos otros? Asimismo, ¿por qué dar por hecho que lo publicado en un diario es necesariamente falso? ¿Solo porque los imputados lo dicen? Por eso es que, justamente, el Ministerio Público ha tomado cartas en el asunto: para determinar si los indicios llevan a demostrar un actuar delictivo.
Finalmente, debemos apuntar que la reacción suscitada a partir del tuit del abogado Rivera parece encuadrarse en el modo de proceder al que ya nos tienen acostumbrados: salir en bloque para atarantar y distraer la atención de los temas realmente relevantes. Y son esos temas los que, precisamente, debe aclarar la Sra. Ugaz en la Fiscalía. Por recordar algunos: sus viajes injustificados mientras fue funcionaria de la Municipalidad de Lima, su aparente desbalance patrimonial, la pérdida de su legajo en la MML, entre otros.
¿Será que la estrategia del atarantamiento mediático está orientada a intimidar fiscales y dar seguridad a los “pitufos”, aparentemente involucrados en el caso de lavado de activos que se viene investigando?
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