Acuerdo de Escazú asegurará la justicia ambiental negada a regiones amazónicas / La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, que preside Gilmer Trujillo Zegarra (FP), ha resuelto convocar a la ministra de Ambiente, Fabiola Muñoz Dodero, para que informe sobre los alcances del Acuerdo de Escazú, suscrito por el Perú el 27 de setiembre de 2018, y que el Congreso, en fecha oportuna deberá ratificarlo para asegurar a las poblaciones principalmente andinas y amazónicas el derecho de acceso a la información y justicia en materia ambiental.
Documento consensuado
El Acuerdo de Escazú es un tratado de derechos humanos y un instrumento jurídico en materia de protección ambiental que busca garantizar efectivamente los derechos de acceso a la información, participación y justicia en materia ambiental en América Latina y el Caribe. El Acuerdo fue negociado por 24 Estados de la región, con la participación de la sociedad civil y llegando a un texto final consensuado el 4 de marzo de 2018 en Escazú, San José de Costa Rica.
Ratificación por el Congreso
El Acuerdo promueve establecer toma de decisiones públicas inclusivas y transparentes, Perú tiene el gran reto de ser uno de los primeros países en firmarlo, lo que tendrá lugar en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, el 27 de setiembre próximo. El primer paso es que el Poder Ejecutivo informe su decisión de firmar el Acuerdo a más tardar el 4 de septiembre. Lo segundo será su ratificación por parte Congreso de la República.
Danza de intereses
El ministro de Educación, Martín Benavides, fue puesto en aprietos por una reportera durante una entrevista radial, al ser preguntado sobre la investigación que ha iniciado la Comisión de Educación a su gestión en el SUNEDU y responder que: “La reforma universitaria ha chocado con intereses que están representados en el Congreso” (sic). Sucede que es al contrario, hay grandes intereses favorecidos por él con el otorgamiento de licenciamientos “bambas”
Marianella turbada
La presidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, no ha expresado simpatía alguna por el acuerdo de reforma constitucional referido a la eliminación de la inmunidad parlamentaria no solo para congresistas, sino también para la totalidad de dignatarios políticos, de todos los niveles, y dio una expresión impersonal: “Escucho que es un tema inconstitucional” y adelantó que convocará a los magistrados del TC para pronunciarse.
Mandatario con “yayas”
El presidente Vizcarra y sus ministros no han podido ocultar que no esperaban que el Congreso los dejara sin inmunidad, léase sin derecho a antejuicio político. El mandatario se ha remitido a decir que lo pueden investigar cuando se,a que él no tiene cuentas pendientes, pero ha olvidado que tiene un juicio penal en Moquegua por negociación incompatible, suspendido por ahora y una investigación por su gestión irregular en la firma de la adenda del caso Chinchero.
A rezar Rosario
El pedido de la bancada de Acción Popular para que la Comisión de Ética investigue a la congresista de sus filas, Rosario Paredes Eyzaguirre, sobre un presunto recorte de sueldos a la trabajadora de su despacho, Milagritos Chacón Loayza, finalmente ha sido asumido por la Fiscalía de la Nación, quién ayer dispuso el inicio de una investigación por el presunto delito de concusión. A la denuncia ha sido comprendido el esposo de la legisladora, Roberto Lizárraga.
Procuradora con pasado
El gobierno designó a Silvana Carrión Ordinola como la procuradora pública ad hoc para defender al Estado ante los delitos cometidos por la empresa Odebrecht, en reemplazo del extitular, Jorge Ramírez, que dejó el cargo hace cuatro meses. Carrión se desempeñaba como procuradora adjunta por designación en el 2017 por el expresidente Kuczynski y el expremier Fernando Zavala, fecha en que se reveló su vinculación con figuras del fujimorismo.
Así no, ministros
El presidente Vizcarra arribó el lunes a Chiclayo para inaugurar un hospital de campaña COVI con 120 camas de hospitalización y 20 camas UCI, en distrito La Victoria, pero la ceremonia estuvo empañada por la prepotente conducta policial de impedir el ingreso de los consejeros regionales Gisella Fernandez y Manuel Huachicllo, y sacarlos a empujones. Los ministros que acompañaban al mandatario, testigos del hecho, no hicieron nada para corregir el atropello.
Le cayó la quincha
La Defensoria del Pueblo de Arequipa sacó al fresco al gobernador regional, Elmer Cáceres Llica, al darle un plazo de 48 horas para que habilite la nueva sede del Hospital Regional “Honorio Delgado” para socorrer a los pacientes por covif, bajo amenaza de denunciarlo por la muerte de decenas de pacientes en la misma puerta del nosocomio. Cáceres no podrá cumplir porque el hospital solo tiene listo el 1er. y 2do. pisos y falta concluir el, 3ro., 4to. y 5to. pisos.
