Se reportaron 17 bienes de instituciones públicas y privadas que fueron atacadas e incineradas en tan solo 17 días.
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Hasta el momento, en lo que va del año; por lo menos, 17 bienes públicos y privados entre: comisarías, patrulleros, aeropuertos, campamentos mineros y sedes de la Fiscalía y del Poder Judicial han sido vandalizados e incendiados por protestantes violentos que buscan deshacer el orden interno con el pretexto de buscar la renuncia de la presidente Dina Boluarte.
Como se sabe, las protestas contra la jefa de Estado se reanudaron este 4 de enero y, desde la fecha, la violencia no ha cesado. Ese mismo día, un grupo de vándalos incendiaron una caseta de peaje en Ilave, Puno.
Dos días después, un patrullero de la Policía Nacional del Perú (PNP) fue quemado en Juliaca y producto de este atentado resultaron heridos dos policías. Tres días después, otro vehículo de la PNP fue interceptado por vándalos, quiénes torturaron a los dos policías que estaban abordo y quemaron el patrullero con uno de ellos vivo en el interior: el suboficial de segunda José Soncco Quispe (29), quien fue encontrado calcinado con un cartel que decía «Dina asesina». Asimismo, también incendiaron la sede del Poder Judicial de Ilave-Collao.
Posteriormente, el 10 de enero, un grupo de subversivos quemaron la sede del Poder Judicial de de Lircay-Angares, Huancavelica. Dos días después, un grupo de vándalos ingresaron al campamento minero de Antapaccay (Cusco) e incendiaron 2 vehículos. Seis días después, violentos protestantes quemaron la vivienda del gobernador regional de Huancavelica, Leoncio Huayllani; de igual manera, la sede judicial de Macusani, haciendo cenizas equipos y expedientes judiciales.
Al día siguiente, 19 de enero, un nutrido grupo de violentistas logró ingresar al aeropuerto de Arequipa, donde quemaron una caseta y luces de aterrizaje. Ese mismo día, también prendieron fuego a 3 vehículos de carga de la minera Hudbay (Cusco). Además, en Puno incendiaron la comisaría de Macusani.
De igual manera, el viernes 20 saquearon y quemaron una parte del campamento minero de Antapaccay (Cusco). Ese mismo día, nuevamente en Puno, optaron por quemar infraestructura pública: el puesto aduanero del CEBAF en Desaguadero y la comisaría de Zepita. Asimismo, quemaron 2 unidades mineras de la empresa Anabi: Utunsa (Apurimac) y Huisamarca (Puno). El último acto subversivo se registró ayer cuando incendiaron la comisaría de Ilave, Puno.
Por su parte, el exministro del Interior Rubén Vargas se pronunció ante estos actos violentos.
“Hay una población legítimamente movilizada, qué duda cabe. Pero sobre ella hay oportunistas, violentistas, criminales vinculados a las economías ilegales y al terrorismo que están atacando a los activos críticos con la finalidad de crear más pánico, más zozobra”, señaló el extitular de la cartera del Interior.
