El congresista Diego Bazán indica que Castillo teme ser condenado a 25 años de cárcel por organización criminal.
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La Comisión Permanente del Congreso tomó la decisión de postergar el debate sobre el informe final de la denuncia constitucional 307 y por organización criminal contra el expresidente golpista Pedro Castillo y sus exministros Geiner Alvarado y Juan Silva, exministros de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Transportes y Comunicaciones, respectivamente. La denuncia fue presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en octubre del año pasado.
El abogado del exmandatario, Eduardo Pachas, hizo una solicitud para postergar el debate que debía hacerse ayer, excusándose con que su defendido no tuvo la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) ni en la Comisión Permanente, ya que, según él, no les llegó ninguna notificación.
“No se nos ha notificado los anexos, ni en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, no hemos hecho alegatos, ni nos han permitido nuestro derecho de defensa, ni presentar las pruebas correspondientes. Mi patrocinado solicita la reprogramación”, expresó Pachas.
Ante esto, el presidente del Congreso y titular de la mencionada comisión, José Williams, de la bancada de Avanza País, accedió a la solicitud de la defensa de Castillo y señaló que el viernes a las 10 a.m. se continuará viendo el tema con o sin la presencia del exmandatario, , quien hasta el momento se encuentra en el penal de Barbadillo cumpliendo prisión preventiva por el fallido golpe de Estado. En dicho penal también se encuentra el exmandatario Alberto Fujimori.
Por su parte, los congresistas Susel Paredes (No agrupada) y Diego Bazán (Avanza País) advirtieron que la intención del abogado de Castillo sería retardar el debate con las reincidentes reprogramaciones.
Respuesta de la subcomisión
Ante los descargos del abogado de Castillo, la presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), Lady Camones, de la bancada de Alianza para el Progreso, indicó que el protocolo de investigación que se realizó en el grupo de trabajo no violó ningún derecho a la legítima defensa.
“Con fecha 06 de diciembre de 2022 se les hizo llegar la notificación a los tres investigados; sin embargo, ninguno presentó sus descargos. Es por ello, que se aplicó el artículo 89 del Reglamento del Congreso para proseguir con la elaboración del informe final. Son argucias de la defensa para dilatar el proceso”, dijo la congresista.
