Denuncia que JNJ suspendió a Fiscal de la Nación sin pruebas
César Bazán, decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), expresó su desacuerdo con la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por la suspensión, según él, anticipada de Patricia Benavides, exfiscal de la Nación. Bazán argumentó que la decisión se tomó prematuramente, ya que se basó en elementos que aún no constituyen pruebas concluyentes en el proceso.
«La suspensión es inapropiada y prematura. Deberían haber permitido que se iniciara el proceso y la investigación, y basar su pronunciamiento en la información recabada durante ese tiempo», afirmó.
Hace unos días, Patricia Benavides fue recibida entre aplausos en una ceremonia del Colegio de Abogados de Lima para conmemorar el Día del Triunfo de la Democracia
Como se tiene presente, Benavides fue suspendida por la JNJ por un periodo de seis meses. Se le acusa de supuestamente liderar una organización criminal que operaba desde la cúpula del Ministerio Público, con la colaboración de sus tres asesores: Abel Hurtado Espinoza, Jaime Javier Villanueva Barreto y Miguel Ángel Girao Isidro.
A través de un comunicado grabado, la exfiscal de la Nación se pronunció sobre su suspensión por parte de la JNJ, calificando la decisión como «una resolución exprés». En sus declaraciones, denunció que esta medida tiene motivaciones políticas y forma parte de un complot político coordinado para lograr su suspensión y permitir que las fuerzas detrás de dicho complot vuelvan a controlar el Ministerio Público.
«La Junta Nacional de Justicia decidió suspenderme de mis funciones por seis meses sin tener una sola prueba en mi contra y sin respetar el debido proceso, con lo cual queda demostrado de que su decisión ya estaba tomada con antigüedad», argumentó.
Por su parte, el congresista de Renovación Popular (RP), Alejandro Muñante, aseguró que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ejecutó un «proceso express» para sancionar a Patricia Benavides, quien hasta el miércoles era fiscal de la Nación, pese a que dicha entidad rechazó tal presunción.
El legislador aseguró que la JNJ no respetó el «debido proceso», asimismo, acusó que la medida cautelar contra Benavides tiene un «marcado conflicto de intereses» entre el Ministerio Público (MP) y el organismo liderado por la magistrada Imelda Tumialán Pinto.
«La resolución ha devenido de un proceso express, por más que la junta trate de negarlo, una resolución que no ha observado el debido proceso, y que ha sido resulta por una junta que tiene un marcado conflicto de intereses por los hechos que han venido sucediendo, no desde ahora, sino por los entramados que ha habido entre ambas instituciones» declaró en Octavo Mandamiento.
