El presidente colombiano Abelardo de la Espriella dispuso que Migración Colombia y la Policía trabajen de manera conjunta para identificar a extranjeros en situación irregular.
El Gobierno de Colombia anunció un endurecimiento de su política frente a la migración irregular. El presidente Abelardo de la Espriella ordenó iniciar esta misma semana operativos coordinados entre Migración Colombia y la Policía para identificar a extranjeros que permanezcan en el país sin cumplir las condiciones migratorias establecidas.
La instrucción fue impartida durante un consejo de seguridad realizado en Barranquilla, donde el mandatario estableció que la primera prioridad serán los migrantes en situación irregular que estén involucrados en actividades delictivas. Posteriormente, los operativos se concentrarán en extranjeros cuya permanencia en territorio colombiano no se encuentre regularizada.
Operativos comenzarán esta semana
De la Espriella pidió a las autoridades migratorias coordinar directamente con la Policía para poner en marcha los procedimientos de identificación y control. Según explicó, las personas que sean encontradas en situación irregular deberán afrontar los procesos administrativos correspondientes, mientras que aquellos vinculados con delitos tendrán prioridad para su eventual deportación.
El mandatario colombiano ha presentado esta medida como parte de su estrategia para recuperar la seguridad en las principales ciudades del país. Barranquilla será uno de los primeros puntos donde se implementará el nuevo esquema de control migratorio.
Durante su intervención, De la Espriella dejó clara su postura al señalar que su gobierno priorizará a los ciudadanos colombianos. La declaración marca un giro respecto de políticas migratorias anteriores y confirma una de las posiciones que el mandatario había planteado durante su campaña electoral.
Deportación para quienes incumplan las normas
El Gobierno sostiene que los extranjeros que no cumplan con las condiciones de permanencia deberán someterse a los procedimientos establecidos por las autoridades. La medida no implica que todos los migrantes sean expulsados automáticamente, sino que Migración Colombia deberá identificar cada situación y aplicar los mecanismos administrativos correspondientes.
La prioridad anunciada está dirigida, en primer lugar, a extranjeros que estén cometiendo delitos y, posteriormente, a quienes permanezcan en el país sin haber regularizado su situación migratoria.
Esta diferenciación resulta relevante debido a que la situación migratoria irregular y la comisión de un delito son circunstancias distintas y deben ser evaluadas mediante los procedimientos legales correspondientes.
Barranquilla será ciudad piloto
La ciudad de Barranquilla se convertirá en uno de los principales escenarios para la aplicación de esta estrategia. Durante el consejo de seguridad, el Gobierno anunció además otras acciones destinadas a enfrentar problemas como la extorsión, el microtráfico, los homicidios y el hurto.
La estrategia contempla reforzar la presencia de las autoridades, mejorar las labores de inteligencia y fortalecer la coordinación entre la Policía, la Fiscalía y otras instituciones vinculadas con la seguridad ciudadana.
El Ejecutivo espera que los operativos permitan obtener resultados concretos en poco tiempo y ha anunciado que las próximas reuniones de seguridad estarán enfocadas en verificar el cumplimiento de las medidas adoptadas.
Una política anunciada desde la campaña
La postura de De la Espriella frente a la migración irregular no es nueva. Durante la campaña electoral, el ahora presidente ya había planteado que los extranjeros que respetaran las leyes colombianas tendrían garantías, mientras que quienes incumplieran las normas migratorias serían devueltos a sus países.
Con la orden emitida esta semana, esa propuesta pasa del discurso político a una fase de implementación mediante operativos de control.
La decisión ocurre además en un contexto especialmente complejo para Colombia, que atraviesa las consecuencias de un terremoto de gran magnitud ocurrido recientemente y que ha obligado al Gobierno a atender simultáneamente una emergencia nacional y diferentes problemas de seguridad.
Debate por las nuevas medidas
El endurecimiento de la política migratoria podría generar un nuevo debate en Colombia sobre la manera en que deben abordarse la migración irregular, la seguridad ciudadana y los procesos de deportación.
Organizaciones y sectores críticos han cuestionado la posibilidad de asociar migración irregular con delincuencia, mientras el Gobierno sostiene que su prioridad es identificar a quienes efectivamente participan en actividades criminales y hacer cumplir las normas migratorias.
La discusión adquiere especial importancia debido a la presencia de una numerosa población extranjera en Colombia, particularmente de ciudadanos venezolanos, muchos de los cuales se encuentran en diferentes condiciones de regularización.
Por ahora, las autoridades colombianas deberán poner en marcha los operativos anunciados y determinar, caso por caso, quiénes se encuentran en situación irregular y qué procedimiento corresponde aplicar.
Con esta decisión, Abelardo de la Espriella marca una nueva etapa en la política migratoria colombiana, con un enfoque más estricto en el control de extranjeros y la deportación de quienes incumplan las normas. El desarrollo de los operativos y sus resultados permitirán conocer el verdadero alcance de la medida durante las próximas semanas.


