La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso aprobó el dictamen del proyecto de ley para que la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) fiscalice los recursos que capten las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) del exterior, entre las supuestas defensoras de derechos humanos, entre ellas IDL que controlan el sistema de justicia como el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Junta Nacional de Justicia.
Oficialmente, hay 995 oenegés operando en Perú, según la Agencia Peruana de Cooperación Internacional- APCI. Ni el dinero que ingresa a ellas, ni el que sale, ni los objetivos que buscan alcanzar, son regulados.
Según información de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) durante los últimos 4 años, las ONG lograron captar más de US$ 400 millones anuales de la cooperación técnica internacional, es decir del 2020 al 2023 captaron más de S/ 1,600 millones de dólares.
El proyecto fue aprobado por 12 votos a favor y uno en contra. Respaldaron la iniciativa todos los fujimoristas: Alejandro Aguinaga, Ernesto Bustamante, Patricia Juárez, Auristela Obando. Se sumaron las apepistas Lady Camones y Elva Julón, así como los parlamentarios José Williams, María del Carmen Alva, Darwin Espinoza, Isaac Mita, Silvana Robles y Elías Varas.
El dictamen propone modificar diversos artículos de la Ley que crea la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). Por ejemplo, se busca que una de las funciones de dicha entidad sea velar por “la correcta utilización de los recursos financieros, logísticos, técnicos y otros provenientes” de la cooperación técnica internacional.
De igual manera, la APCI estará en la obligación de hacer un registro actualizado de todas las organizaciones y entidades hagan “activismo político” con los fondos que reciban del exterior. Se entiende como “activismo político”, según el texto aprobado, a “aquel que modificar las políticas públicas nacionales o resultados electorales en favor de los intereses de entidades extranjeras privadas”.
El dictamen aprobado también fija una serie de hechos que constituirían faltas leves, graves y muy graves. Estas se sancionarían, según el grado, con amonestación escrita, multa de hasta 500 UIT, suspensión temporal y cancelación de la inscripción en la APCI.
El control, la supervisión y fiscalización estaría a cargo de la Intendencia Nacional de Control, Supervisión y Fiscalización de Organismos No Gubernamentales, adscrita a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).
Diversas asociaciones de la sociedad civil, como Transparencia y la Coordinadora de Derechos Humanos, han cuestionado la iniciativa debido a que no quieren rendir cuentas del dinero que reciben de la cooperación internacional.
“El proyecto del Congreso que busca regular ONGs, es un grave atentado contra la libertad de organizaciones civiles, empresariales y religiosas”, manifestó Transparencia.
En tanto, la Coordinadora de Derechos Humanos apuntó: “Las propuestas del Legislativo pretenden limitar el derecho de asociación y de participación ciudadana a través de las ONG, establecer sanciones administrativas “desproporcionadas” y “arbitrarias”.
