El dictamen ya ha recibido el visto bueno de la Comisión de Justicia
El Congreso se encuentra en medio de un intenso debate sobre una ley que podría tener profundas implicaciones para la justicia y la transparencia en el país. Quince congresistas han generado controversia al respaldar un dictamen que busca eximir a los partidos políticos de toda responsabilidad penal, en un claro conflicto de intereses debido a las investigaciones o procesos judiciales en los que están involucrados ellos mismos o sus partidos políticos.
La propuesta, presentada por Waldemar Cerrón de Perú Libre y respaldada por la presidenta de la Comisión de Constitución, Martha Moyano de Fuerza Popular, ha generado preocupación sobre la intención de ciertos grupos políticos de protegerse a sí mismos de las consecuencias legales de sus acciones. El proyecto busca modificar el artículo 105 del Código Penal para evitar sanciones como la inhabilitación y disolución de los partidos en casos de participación en delitos.
La alianza entre fujimoristas y cercanos al partido Perú Libre para impulsar esta ley ha avivado las críticas sobre la politización de la justicia y el uso del poder legislativo para proteger intereses particulares. Es especialmente llamativo el respaldo de miembros de Fuerza Popular, dado el proceso judicial en curso contra su líder, Keiko Fujimori, por presunto lavado de activos. En un contexto donde se solicita la liquidación del partido en caso de confirmarse su participación delictiva, el respaldo a esta ley plantea interrogantes sobre la verdadera intención detrás de la propuesta.
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El conflicto de intereses es evidente en la votación de los congresistas, muchos de los cuales pertenecen a partidos políticos que están bajo investigación por delitos como lavado de activos, asociación ilícita para delinquir y organización criminal. Esta situación pone en tela de juicio la imparcialidad y la ética de los representantes elegidos para legislar en beneficio del país.
A pesar de las críticas y la controversia, el dictamen ya ha recibido el visto bueno de la Comisión de Justicia, dirigida por Perú Libre, y ahora se espera su votación en el pleno del Congreso. El resultado de esta votación tendrá repercusiones significativas en la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país, así como en la credibilidad de las instituciones democráticas. La ciudadanía está atenta a cómo se desarrolla este proceso y a las decisiones que toman sus representantes en el Congreso.
