Mesa Directiva aprobó financiamiento por hasta S/42,800 por congresista.
El Congreso de la República financiará la asesoría y defensa legal de cuatro legisladores de distintas bancadas. Estas se enfrentan investigaciones preliminares por presuntos delitos como tráfico de influencias, cohecho y participación en una organización criminal.
La decisión fue tomada por la Mesa Directiva, presidida por Eduardo Salhuana, en una sesión realizada el 11 de marzo. Según los acuerdos aprobados, cada congresista podrá acceder a una defensa especializada con un límite de gasto de 8 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), lo que equivale a S/42,800 por persona.
Entre los beneficiados se encuentra Kelly Portalatino, de Perú Libre, investigada por presuntas irregularidades durante su gestión como ministra de Salud en el gobierno de Pedro Castillo. Según la Fiscalía, Portalatino habría influenciado en la contratación de una funcionaria en el Ministerio de Salud.
Otro caso es el de Patricia Chirinos, de Renovación Popular, acusada de peculado doloso por supuestamente utilizar pasajes aéreos financiados por el Congreso para asistir a un evento personal en Trujillo.
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Luis Cordero Jon Tay, exfujimorista ahora en Podemos Perú, también accederá a este beneficio. Se le investiga por cohecho y presunta vinculación con una organización criminal liderada por la exfiscal de la Nación Patricia Benavides.
La lista se completa con Hilda Portero, de Acción Popular, señalada por su presunta relación con el grupo ‘Los Niños’, investigado por supuestamente favorecerse con licitaciones del gobierno de Pedro Castillo a cambio de apoyo en el Congreso.
Según la Mesa Directiva, este apoyo legal solo puede otorgarse una vez y debe estar relacionado con hechos ocurridos en el ejercicio de funciones parlamentarias.
No es la primera vez que el Congreso asume este tipo de gastos. En agosto de 2023, se destinó S/189,710 para la defensa de otros cuatro legisladores: Alejandro Soto y Luis Kamiche (Alianza para el Progreso), Óscar Zea (Bloque Magisterial) y César Revilla (Fuerza Popular).
El financiamiento de la defensa de congresistas investigados ha generado debate, pues algunos sectores cuestionan el uso de recursos públicos para cubrir gastos legales de quienes enfrentan procesos judiciales.
