El panorama electoral peruano presenta una propuesta que ha encendido el debate jurídico y político. Roberto Sánchez, candidato que podría disputar la segunda vuelva de las Elecciones Generales 2026, ha manifestado abiertamente su intención de otorgar el indulto presidencial al golpista Pedro Castillo.
Sánchez afirma que Castillo, junto con sectores populares, forma parte de un proyecto de construcción de poder en curso. Esta postura ha sido respaldada por figuras cercanas al entorno legal del expresidente, como Ronald Atencio, quien confirmó que el candidato está dispuesto a firmar la gracia presidencial.
La estrategia de campaña de Sánchez contempla una lista específica de figuras políticas que actualmente enfrentan procesos judiciales o condenas.
Según declaraciones de Atencio, se ha planteado la creación de una comisión para evaluar los casos de Betssy Chávez, Guillermo Bermejo, Aníbal Torres y Walter Aduviri.
El discurso de la candidatura de Sánchez clasifica a estos personajes como presos políticos, bajo una narrativa de persecución judicial.
Los expedientes de los potenciales beneficiarios incluyen investigaciones por negociación incompatible, coimas, organización criminal y delitos contra los poderes del Estado.
Por ejemplo, Betssy Chávez es investigada por el Ministerio Público tras el presunto favorecimiento a allegados en puestos estatales.
En los casos donde existen apelaciones en curso, como los de Castillo y Chávez. En el caso de Bermejo, vinculado por el Eficcop a presuntas redes de coimas en obras regionales, su situación jurídica se mantiene en etapa de apelación.
La propuesta de Sánchez busca transformar la banda presidencial en un mecanismo de revisión de estas situaciones judiciales, otorgando cargos públicos a quienes hoy enfrentan a la justicia.