“No se puede permitir cacería política con exautoridades”, señalan
La Coordinadora Republicana denunció la violación de los derechos humanos del ex presidente constitucional de la República, Manuel Merino De Lama, su ex Primer Ministro Ántero Flores-Aráoz, su ex Ministro del Interior Gastón Rodríguez y numerosos policías, quienes vienen siendo objeto de persecución política por parte de la Fiscalía de la Nación.
En misivas enviadas al Secretario General de la OEA, así como a los titulares del Parlamento Andino y el Parlamento Europeo – Sección Iberoamericana, Hugo Guerra Arteaga y Ángel Delgado Silva, directores de la Coordinadora Republicana, sostienen que durante las manifestaciones y turbas de noviembre de 2020, a las autoridades legítimas se les dio un golpe de estado; luego del cual se les imputó falsamente haber ordenado uso desmedido de las fuerza policial, contexto en el cual se produjo la muerte de los jóvenes, Jack Briam Pintado Sánchez y Jordan Inti Sotelo Camargo, así como la supuesta desaparición de numerosas personas.
El caso ha sido investigado durante once meses; sin embargo, no se ha podido demostrar que hubo abuso de la fuerza, pues la utilización de gases lacrimógenos y otros fueron estrictamente dentro de lo que establecen los reglamentos policiales.
Pese a la falta de pruebas, y basándose únicamente en una nota de prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que recomienda investigar el uso de la fuerza pública, la Fiscalía de la Nación imputa a Merino De Lama, Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez ser presuntos autores de la comisión de delitos por omisión del delito de homicidio; lesiones graves y lesiones leves, a título de “dolo eventual”.
El Ministerio Público no ha demostrado quién o quiénes mataron a los dos jóvenes; qué arma fue la que causó la muerte; y quién es la persona que pedía un muerto entre los manifestantes.
“Es por ello, que levantamos nuestras voces en búsqueda de justicia y equidad, no podemos permitir que sin haber llevado una investigación cabal, que adolece de graves ausencias probatorias, y objetivamente motivada por intereses políticos subalternos, se pretenda criminalizar y perseguir penalmente a quienes en esas circunstancias se desempeñaban en cargos de autoridad conforme a lo establecido en la Constitución”, señalaron sus voceros, entre los que se encuentra Ángel Delgado.
