La Corte Penal Internacional dio a conocer que dispuso el arresto contra el jefe de Estado ruso, Vladímir Putin, por la deportación de niños en zonas de Ucrania ocupadas por Rusia desde el 24 de febrero del año pasado.
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La Corte Penal Internacional (CPI) emitió este viernes una orden de detención contra el mandatario ruso, Vladímir Putin, como “presunto responsable” de la deportación ilegal de niños y su traslado de zonas ocupadas en Ucrania hacia Rusia, lo que califica como crimen de guerra.
La sala de cuestiones preliminares de la CPI también emitió una segunda orden de detención contra la comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, María Lvova-Belova, con la misma acusación.
Ambas órdenes de arresto son las primeras de su tipo que dispone la CPI en el contexto de su investigación de crímenes de guerra en el conflicto entre Rusia y Ucrania.
«Vladímir Vladimirovich Putin, nacido el 7 de octubre de 1952, presidente de la Federación de Rusia, es presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población (niños) y traslado ilegal de población (niños) de las zonas ocupadas de Ucrania a Rusia», se lee en la acusación formal que sustenta la emisión de la orden de detención.
Los delitos de los que se le imputa ocurrieron al menos desde el 24 de febrero del año pasado en el “territorio ocupado de Ucrania”, precisó la CPI, que estima que hay “motivos razonables” para creer que el presidente Putin tiene “responsabilidad penal individual” por el crimen de guerra que implica la deportación de infantes.
La responsabilidad individual de Putin, como mandatario y responsable superior, podría traducirse tanto en “haber cometido los actos directamente, junto con otros o a través de otros”, o por “no haber ejercido un control adecuado sobre sus subordinados civiles o militares que cometieron los actos o permitieron su comisión y estaban bajo su control y autoridad efectiva”, de acuerdo a la explicación en el artículo 28 del tratado fundacional de la CPI.
Respuesta de Rusia
Rusia considera que la orden de arresto contra el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, es «nula jurídicamente».
«Las posibles ‘prescripciones’ de arresto que salgan del Tribunal Internacional serán para nosotros jurídicamente nulas», expresó la portavoz de Exteriores rusa, María Zajárova, en su canal de Telegram.
La política sostuvo que «Rusia no es partícipe del Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional», motivo por el cual, «no tiene obligaciones».
En ese sentido, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, calificó la orden de arresto de Vladímir Putin de «inadmisible» e «indignante».
«Rusia, como otros países, no reconoce la jurisdicción de ese tribunal, por lo que cualquier decisión de ese tipo es para Rusia insignificante desde el punto de vista del derecho», señaló, según la agencia RIA Nóvosti.
