Mientras revelan que consejo de minería resolvió suspender tía María en dos días.
Southern evalúa tomar acciones legales contra el Consejo de Minería. Crece el conflicto en el sur. Comunidades campesinas que integran el corredor minero que comprende cinco provincias de las regiones de Cusco y Apurímac iniciaron una protesta contra las empresas extractivas que operan en esta parte del país.
Los comuneros agrupados en la Federación Interprovincial de Defensa Territorial y Ambiental de las provincias de Cotabambas, Chumbivilcas, Espinar, Paruro y Grau reclaman a las empresas MMG Las Bambas, Hudbay, Antapacay, Anabi y otras el cumplimiento de compromisos socioambientales (defensa del agua y la agricultura).
Asimismo, exigen al gobierno central atender su plataforma de lucha, que consta de 10 puntos. Resaltan la implementación de la consulta previa, la anulación del decreto 0011-2016-Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que considera como vía nacional algunos tramos del corredor minero entre Cotabambas (Apurímac) y Arequipa.
Esta situación se suma a los conflictos que se viven en Arequipa, por Tía María, y Moquegua. En este último lugar la protesta es contra la mina Quellaveco.
Respecto a Tía María, el ministro de Energía y Minas Francisco Ísmodes hizo una cronología sobre el proyecto, durante su exposición ante el Congreso. Indicó que la suspensión se tramitó en un plazo breve.
Y es que, el Consejo de Minería tomó la decisión en dos días desde que recibió el expediente de revisión de la autorización entregada a la minera Southern Perú Copper Corporation.
Se debe precisar que el 24 de julio se produjo la reunión entre el presidente Martín Vizcarra con Cáceres y autoridades locales.
Curiosamente, al día siguiente, la Dirección General de Minería -dependiente en línea directa del despacho ministerial de Energía y Minas- concedió los recursos de revisión de Cáceres y del Frente de Defensa, y el 7 de agosto los elevó al Consejo de Minería, encargado de resolver los asuntos mineros en segunda instancia administrativa.
CELERIDAD
A partir de aquí, los trámites son más rápidos aún. El 8 de agosto, el Consejo de Minería le solicitó a la Oficina General de Gestión Social un informe sobre el estado social de la región Arequipa en relación al proyecto Tía María.
Ese mismo día, Miguel Kuzma, director de la Oficina de Gestión del Diálogo y Participación Ciudadana, elabora el informe 002-2019-MINEM/OGGS/OGDPC en el que detalla la alta conflictividad social.
El Consejo de Minería recibe el informe, y al día siguiente, el 9 de agosto, emite una resolución con la que dispone la suspensión de la ejecución de la resolución que autoriza la construcción del proyecto Tía María.
Tras la difusión del primer audio de la reunión, el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, señaló que “el Consejo de Minería es un ente autónomo al interior del Ministerio (de Energía y Minas), no depende del ministro (Ísmodes), y ha decidido suspender la licencia mientras el consejo se pronuncia sobre el fondo”.
Al respecto, el abogado Víctor Hugo Quijada Tacuri precisó que “legalmente no existe la figura de la anulación, ni el de cancelación, el T.U.O. de la Ley del Procedimiento Administrativo General solo determina la figura de la suspensión, nulidad y revocación”.
“Se suspende el acto administrativo, licencia de construcción, cuando la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación, como es el caso de pérdidas de vidas humanas señores, por lo tanto, si bien el Estado tiene esa facultad exorbitante de hacer cumplir la ley, también tiene que resguardar el interés público, por lo tanto, la suspensión no implica nulidad o revocación del acto”, refirió.
Indicó que «más allá del impacto económico porque estamos hablando de que no se va a invertir al menos mil cuatrocientos millones de dólares en la zona, este es un problema de falta de comunicación y concientización del proyecto, la responsabilidad recae plenamente en el gobierno y la empresa, quienes son los competentes para hacer el trabajo previo para obtener la famosa licencia social».
Por ello consideró que «los gremios sandías (verdes por fuera rojas por dentro) al ver la falta de presencia del Estado y ausencia de la empresa, capitalizan esto y mueven a la población, ahora coludidos con el gobierno regional y locales quieren politizar el asunto, obteniendo resultados como estos, que se paralice parcialmente la construcción del proyecto».
«No se puede imponer un proyecto mientras falle la comunicación y concientización del mismo, también existe parte de responsabilidad de los gobiernos subnacionales en no ejecutar correctamente los presupuestos de canon y regalías en proyectos de inversión de impacto, la suspensión de la licencia si es legal conforme al artículo 204 y 226 del T.U.O. de la Ley del Procedimiento Administrativo General», refirió.
MEDIDAS
Al cierre de esta edición, la compañía Southern Perú informó que insistirá en sacar adelante el proyecto minero Tía María en Arequipa.
El presidente ejecutivo de la empresa, Óscar Gonzales Rocha, dijo: «Tenemos diez años con el proyecto Tía María, así que no vamos a dejarlo pendiente por una suspensión”.
El presidente ejecutivo de la empresa, Óscar Gonzales Rocha, dijo: «Tenemos diez años con el proyecto Tía María, así que no vamos a dejarlo pendiente por una suspensión”.
CAMPAMENTO DE TÍA MARÍA
Sobre la suspensión de la licencia de construcción, señaló que el Consejo de Minería no consultó a la empresa antes de su decisión.
«Ese es el problema. Y por eso estamos analizando la posibilidad legal contra el Consejo de Minería y con quien haya tenido que ver en esta suspensión, que no teníamos nosotros derecho a recibirla”, enfatizó.
Southern Perú también anunció que enjuiciará al gobernador de Arequipa, Élmer Cáceres, por el desconocimiento de la asignación de terrenos que la empresa ya había adquirido en dicha región.
