Las medidas que se implementarían comprenden el control de los taxis y motos, así como el robo de celulares
Afrontar la criminalidad organizada mediante medidas específicas, dentro del “Plan Boluarte”, es una de las metas que busca el Poder Ejecutivo con la solicitud de facultades legislativas que hizo al Congreso. Así lo indicó Alberto Otárola, presidente del Consejo de ministros.
Al explicar la iniciativa frente a la Comisión de Constitución y Reglamento de este poder del Estado, el titular del gabinete detalló que el planteamiento implica tres componentes: «La prevención, la lucha frontal contra el crimen organizado y el narcotráfico, y el fortalecimiento de la Policía como institución que dirige la política de seguridad”.
Bajo ese contexto, se aprobaron medidas con las que se van a regular los aplicativos que brindan servicios de transporte de pasajeros. También incluye las reglas de tránsito de vehículos menores, como las motocicletas.
Además, se van a implementar, con una norma específica, la Central Única de Emergencia, la cual se va a fortalecer el marco legal aplicable a casos de violencia contra las mujeres, terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas.
A dichas medidas se agregarán, en caso se apruebes las facultades legislativas solicitadas, decretos que van a permitir la reincorporación del servicio policial del personal en retiro, la incorporación de la facultad para los gobiernos regionales y locales de disponer recursos en beneficio de la Policía, y la prevención y el combate al comercio ilegal de teléfonos celulares.
«La vida de nuestros hijos está siendo truncada por un delincuente que vende un celular a 50 soles. Tenemos que cortarlo de raíz. Para ello vamos a cambiar este marco normativo y estamos seguros de que contaremos con el apoyo del Congreso de la República para implementar estas medidas», manifestó el titular del gabinete.
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Desastres e infraestructura
Las facultades legislativas entienden también medidas para la gestión de emergencias en caso de desastres. Estas involucran el fortalecimiento del seguro agrario, así como la sostenibilidad de proyectos de inversión para infraestructura, la coordinación de los poderes del Estado y la agilización de las contrataciones para la asistencia de emergencias.
«Con el ordenamiento territorial se busca la incorporación de la gestión de riesgos de desastres en los procesos de planificación, a fin de no seguir comprometiendo la pérdida de vidas humanas, como recursos naturales y materiales», detalló Otárola.
Sobre la infraestructura social y la calidad de los proyectos públicos, se propusieron decretos legislativos para regular el derecho de propiedad, de características físicas de los predios urbanos, de habilitaciones urbanas y edificaciones, y legislar sobre el marco de gestión y prestación de los servicios de saneamiento, con el fin de dotar de agua potable a las zonas que más lo necesiten.
«Esto permitirá la adquisición y préstamos de hidrojets, motobombas, camiones cisterna, así como la contratación de sus respectivos operarios», explicó. Asimismo, mencionó que se impulsará la formación de un fideicomiso de titulación para el desarrollo de la movilidad urbana en Lima y Callao.
En relación al tema de la meritocracia, se hizo un proyecto de decreto legislativo que impulsa el ingreso de los servidores públicos al régimen del servicio civil. El objetivo es garantizar mejores condiciones laborales para los trabajadores de las entidades públicas.
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