Por: Martín Valdivia Rodríguez / La delincuencia de origen venezolano ha crecido de manera incontrolable. Ayer, la Policía Nacional desbarató a una gigantesca banda de más de 30 venezolanos que manipulaban armamento de largo alcance en el balneario de Punta Negra, al sur de Lima. Es decir, prácticamente un grupo paramilitar dedicado al robo a gran escala, sin otro objetivo que atacar a personas inocentes y a empresarios desprevenidos. Esta podría ser considerada la captura más grande de la década considerando la cantidad de sus integrantes.
Según un informe proporcionado por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), en 2018 las cárceles peruanas tenían 50 venezolanos tras las rejas, en su mayoría hombres. Para abril de 2019, según un nuevo informe del INPE, había 335, de los cuales el 44% estaba detenido por robo agravado, delito que se comete con arma y con violencia y que es sancionado con una pena de hasta 20 años. Del resto, 40 personas estaban detenidas por tráfico de drogas y 18 por tráfico ilegal de armas.
Otro delito que salta a la vista es la cantidad de mujeres de origen venezolano dedicadas al meretricio. Las comisarías del cono norte y sur están abarrotadas de denuncias de agresiones y peleas callejeras provenientes de estos grupos, sin que nadie pueda hacer nada para impedirlo. La convivencia se hace complicada en tanto la mala imagen dejada por estos malos ciudadanos llaneros va creando mitos y profundizando una sensación de xenofobia pese al llamado de grupos de derechos humanos que llaman a no generalizar esta situación.
Prácticamente no hay día en que los diarios y noticieros televisivos no informen noticias vinculadas a hechos delictivos protagonizados por venezolanos, en una espiral de violencia que no tiene cuando acabar. Hace unos meses, la ONG “Unión Venezolana en Perú” suscribió un acuerdo con el Ministerio de Interior a fin de sumar esfuerzos para combatir la delincuencia y fortalecer la seguridad ciudadana en el país. El objetivo de este acuerdo era tomar acciones de lucha contra la delincuencia y la inseguridad en las que se vean involucrados ciudadanos venezolanos.
No sabemos qué resultados ha tenido este acuerdo, pues a la fecha no se ha informado nada desde su firma en agosto de 2019. El problema de fondo es que el Perú fue muy laxo en sus políticas migratorias, abriendo las puertas de par en par y dejando ingresar a personas buenas y malas. Ahora que poco se puede hacer recién se ponen las pilas. Los venezolanos buenos y trabajadores no merecen cargar esta pesada cruz que, sin duda, no les pertenece. Porque lo que digo y escribo siempre lo firmo.
