Guerra anticorrupción en tiempos de coronavirus. Urge investigar a los demás sospechosos de pertenecer a una organización criminal
Ante el pedido de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, de que, por razones de salud, ante los riesgos de la pandemia de COVID-19, se le varíe el régimen de prisión preventiva (que se le ha impuesto dentro del proceso que se le sigue por los delitos de lavado de activos, asociación ilícita y otros, en agravio del Estado) a uno de comparecencia, el Juez Dr. Jorge Luis Chávez Tamariz, decidió declararlo infundado.
Mediante la Resolución N° 19 de 19 de abril pasado, el Juez Chávez Tamariz adecuadamente sustenta que los fundamentos presentados por la defensa de la Villarán, para cesar la medida judicial impuesta de coerción personal de carácter excepcional de prisión preventiva y sustituirla por una comparecencia, resultan del todo insuficientes, por cuanto, las dolencias de lupus eritematoso desde hace 45 años e hipertensión arterial que ella sufre están debidamente controlados y no representan peligro alguno para la salud de Villarán pues están adecuadamente atendidos, y no constituyen riesgo alguno para que contraiga el COVID-19.
ANÁLISIS
Es acertado el análisis del Juez Chávez Tamariz quien sostiene que el pedido de Susana Villarán no cumple los requisitos de Ley, pues ninguno de los fundamentos argumentados quiebra el peligrosismo procesal, en las vertientes de peligro de fuga y peligro de obstaculización; más aún si nos encontramos frente a una líder de una organización delictiva, y sus actos de corrupción han dado lugar a un grave perjuicio a la sociedad.
El plazo de la prisión preventiva impuesto a la ex alcaldesa de Lima, sujeto a ser ampliado, debe servir para que los representantes del Ministerio Público investiguen a la brevedad y obtengan pruebas sobre la dimensión de la Organización Criminal supuestamente dirigida por Susana Villarán y José Miguel Castro Gutiérrez, cuyo organigrama fue presentado durante las audiencias judiciales públicas que se llevaron a cabo entre mayo y junio del año pasado.
INVESTIGADAS
Entre las personas que deben ser investigadas se encuentran: Marisa Glave e Indira Huilca (ex congresistas de la República), como regidoras de Villarán de la Puente; Augusto Rey Hernández de Agüero (irregularmente contratado por la administración Villarán), por su supuesta participación el “Caso Peajes Odebrecht-OAS); Anel Townsend Diez-Canseco, Luis Favre y Salomón Lerner Ghitis, en la canalización de recursos de Odebrecht y OAS a las campañas por la “No Revocatoria” y de re-elección de Susana Villarán como alcaldesa de Lima; Gabriel Prado Ramos y otros por la canalización de fondos maculados de campaña hacia y desde cuentas en Andorra y Panamá; Carlos Rivera Paz, Ronald Gamarra Herrera y Paola Ugaz Cruz por contratos de servicios personales a favor de la Villarán para fines distintos a los de la MML; y, las actuaciones de los ex procuradores de la Comuna Metropolitana, los abogados Antonio Salazar García y Amado Enco Tirado; así como los pagos realizados al Instituto de Defensa Legal durante el gobierno edil de Susana Villarán.
En medio de este escándalo, también está involucrada Paola Ugaz, cuyo contrato con la Municipalidad de Lima en la gestión villaranista fueron sustraídos del archivo de la comuna.
