Denuncia contra Pedro Salinas y Paola Ugaz

Entrevista a José Edgardo Palomino Martínez

José Edgardo Palomino Martínez, es licenciado en educación con especialización en ciencia sociales, abogado y lucha por las causas sociales de los necesitados y ha sido líder sindical batallando por reivindicar derechos fundamentales laborales. Fue candidato al Congreso en enero de este año invitado por Solidaridad Nacional al ser uno de los líderes de la lucha anticorrupción. Ha venido colaborando con este diario con crónicas que darían indicios suficientemente claros para investigar el entorno de Susana Villarán. El viernes 6 de agosto, presentó una nueva denuncia ante el despacho del Fiscal Carlos Puma Quispe y en ésta entrevista nos explica sus razones.

¿Para qué ha presentado una nueva denuncia contra Pedro Salinas Chacaltana y Paola Ugaz Cruz ante el despacho del Fiscal Carlos Puma Quispe del “Equipo Especial Lava Jato?

Con el debido respeto a la autonomía que la Ley otorga al Fiscal Puma Quispe, consideramos que la denuncia que hemos presentado apoya a acelerar la investigación que él viene realizando; toda vez que, conforme a Ley, Pedro Salinas resultaría siendo
cómplice primario de Freddy Chirinos en los delitos de cohecho y lavado de activos por los que este último está siendo investigado.

En el caso de Paola Ugaz Cruz, el propio Chirinos habría dado luces de su participación en la llamada “Contribución Oculta de Graña y Montero”, que sumado a otros indicios que ya, en el pasado, hemos aportado al Fiscal Puma Quispe, llevan a sostener la hipótesis que ella fue parte de la presunta organización criminal que Susana Villarán habría enquistado en la MML desde que asumió el cargo de alcaldesa de Lima.

Usted denunció anteriormente a CHISAC, Freddy Chirinos y Pedro Salinas en anterior oportunidad. ¿A qué se debió esa denuncia?

A través de diversas “noticias criminales” se informó al público que CHISAC (junto con Freddy Chirinos y Pedro Salinas) habría sido contratada a través de seis contratos con distintas entidades del Estado (como la PCM, MINCETUR y MINVIV) para presuntamente “manejar y encubrir” el “Caso Chinchero”, donde el actual Presidente Martín Vizcarra habría tenido un rol protagónico.

Asimismo, estaba el caso de la contratación de CHISAC por el Ministerio Público para brindar una “asesoría personal” al entonces Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde, para mejorar la imagen personal de él; asesoría a ser prestada, específicamente, por Pedro Salinas. Es públicamente conocido que esa asesoría nunca se brindó y que, más bien, se trató de uno o dos almuerzos con periodistas.

En mi opinión todas estas contrataciones son “oscuras” y podrían estar vinculadas a probables casos de corrupción, por lo que debían ser investigadas; más aún si el Presidente había declarado la guerra contra la corrupción “caiga quien caiga”. Por eso pedí la investigación en diciembre de 2018.

¿Y Paola Ugaz?

En el actual mundo de la comunicación instantánea vía el Internet, no es posible concebir una organización criminal que no cuente con un “brazo mediático” que maneje medios de comunicación y redes sociales.

Nuevamente, las “noticias criminales” apuntaban a la hipótesis de que Paola Ugaz habría sido el “brazo mediático” de la presunta organización criminal que Susana Villarán habría enquistado en la MML; y, que exprofesamente, por su vinculación con el IDL e IDLR, habría sido contratada para la “Campaña por el NO”, a través de un CAS con la MML, para defender a la persona de Villarán de sus opositores y contratacarlos.

El tema de la denuncia inicial del 1 de julio de 2019 era investigar por qué un miembro del equipo de la “Campaña por el NO” había sido contratado por la MML. Nuestra hipótesis es que lo fue para encubrir los ilícitos de corrupción en los que habrían incurrido Villarán y su entorno político cercano (Glave, “Budián”, Rey, Townsend” y otros) durante la gestión Villarán y que para ello necesitaba acceso irrestricto a las oficinas municipales.

Más tarde, hicimos de conocimiento del Fiscal Puma Quispe de los sospechosos viajes de Ugaz Cruz a Centroamérica y Panamá, así como que su expediente del CAS y su expediente personal de su paso por la Municipalidad de Lima, por propia información de ésta, eran no habidos; es decir, habían desaparecido de los archivos municipales, lo que conduce a que se investigue más acerca del rol que Paola Ugaz cumplió para Villarán y su entorno político cercano.

¿Qué pasó con estas denuncias?

En el caso de Paola Ugaz, sin mayor motivación el Fiscal Puma Quispe decidió declarar “no ha lugar” a la investigación, primero; y, posteriormente, su archivamiento. En el caso de CHISAC, Chirinos y Pedro Salinas, la 29na Fiscalía Provincial en lo Penal de Lima ordenó el archivamiento de la denuncia sin investigación alguna.

¿Cree usted que Paola Ugaz y Pedro Salinas estarían siendo “blindados”?

Es una hipótesis plausible. En el caso de Paola Ugaz, el Fiscal Puma Quispe no hizo ningún esfuerzo por investigar los indicios que pusimos a su disposición.

En el caso de CHISAC, Pedro Salinas y Freddy Chirinos, a pesar que la 29na Fiscalía Provincial en lo Penal de Lima elevó los actuados a Junta de Fiscales Superiores de Lima para que se investigue a Sánchez Velarde por presunto delito de colusión agravada, tampoco se hizo investigación alguna; ni por este aspecto de la denuncia, ni por los contratos que hipotéticamente estarían vinculados al “Caso Chinchero”.

En nuestras investigaciones, las MML ha indicado que sobre Paola Ugaz no pueden entregarnos nada, pues sus expedientes son no habidos; y, en las Actas
del Concejo no hemos hallado autorizaciones para sus viajes; y, sobre estos los funcionarios dicen no saber nada.

Sobre las contrataciones de CHISAC con las entidades del Estado mencionadas, éstas no han entregado la información que en su oportunidad solicitamos,
amparados en el derecho fundamental a la información.

¿Qué opina usted de la forma en que el Fiscal Puma Quispe viene llevando la investigación de Villarán y otros en el “Caso Lava Jato”?

Con el respeto profesional que debo al Fiscal Puma Quispe, mi opinión es que su investigación es bastante pobre y desordenada; y, sólo se ha limitado a los aportes de Odebrecht y OAS a las campañas por el “NO” y de reelección.

El “Caso Lava Jato” trata sobre la corrupción y las irregularidades incurridas por las constructoras brasileras en sus contrataciones con el Estado Peruano y no únicamente sobre los financiamientos de campañas electorales.

En el “Caso Villarán-MML” hay claros indicios que Villarán y su entorno político cercano (inicialmente Marisa Glave, Miguel Prialé –dicho sea de paso: ¿habrá sido llamado a declarar?–, Augusto Rey), desde inicios del 2011 o quizás antes, habrían estado concertando con OAS para ajustar los términos de contratación de la “Concesión Línea Amarilla”; y, para ello habrían firmado un Acta-Contrato ilegal en mayo
de 2011.

Posteriormente, la colaboración de la MML con OAS se habría hecho más evidente, en febrero de 2012, con la autorización de cambio de accionista estratégico (gestión administrativa en la que habrían participado Glave, “Budián y Rey), a los fines de aportar la “Concesión Línea Amarilla” a INVEPAR y para lo cual se habría firmado un Acta Ratificatoria del Acta-Contrato de mayo de 2011, por la que “Budián” habría cobrado una coima a OAS en beneficio de “la cúpula” que dirigía la supuesta organización criminal que Villarán habría enquistado en la MML.

Finalmente, con descaro, con la firma de la Adenda N° 1 al “Contrato de Concesión Línea Amarilla” el 13 de febrero de 2013 (en la que habrían particpado Glave, “Budián, Arzubialde y Rey) se destapa la colaboración de Villarán y su gente con OAS al ampliar el plazo de la “Concesión Línea Amarilla” de 30 a 40 años.

Sin embargo, el Fiscal Puma Quispe, sobre estos extremos, al parecer, no habría hecho investigación alguna, conforme consta del pedido prisión preventiva de 7 de mayo de 2019.

Más aún, los propios números del Fiscal Puma Quispe de la contabilidad de la “Campaña por el NO”, con las últimas declaraciones de Castro Gamarra, revelarían la existencia de un sobrante de fondos que ascenderían a US$2.5 Millones; y, sobre ello Puma Quispe no ha hecho mayor investigación.

Por el contrario, a pesar de declaraciones que pondrían a Anel Townsend como la encargada de la contabilidad y de la custodia de los fondos de la “Campaña por el NO”, no ha hecho una severa investigación a fondo de su caso; como tampoco de los “misteriosos” viajes de Ugaz a Centroamérica y Panamá, que podrían estar vinculados al lavado de tales activos dinerarios excedentes en paraísos tributarios.

Algo similar sucede con Odebrecht y la concesión “Vías Nuevas de Lima”. Villarán y su gente, luego de atacar a las constructoras brasileras durante su campaña electoral en el 2010, así como de “encajonar” la iniciativa privada de ésta presentada durante el gobierno edil de Castañeda Lossio que precedió al de Villarán; en medio de la propuesta de revocatoria impulsada por Marco Tulio Gutiérrez, en mayo de 2012 la “resucitarían”; y, en septiembre del mismo año la adjudican a Odebrecht; y, para ello, altamente probable con la intervención, participación y conocimiento de los entretelones por Glave, “Budián, Arzubialde y Rey. Y de esto no conocemos investigación alguna por el Fiscal Puma
Quispe.

Francamente, la investigación del “Caso Villarán-MML” más parece una investigación de “pitufeo” de “contribuciones de campaña” que de corrupción en contubernio con las constructoras brasileras que es de lo que se trata el “Caso Lava Jato”.

¿Qué busca lograr con la presentación de esta nueva denuncia?

Lo que la mayoría de los peruanos perseguimos: que se revele la verdad acerca de la corrupción que ha campeado en el Estado; en este caso en la Municipalidad de Lima; y, que todos aquellos que pertenecieron al círculo político íntimo de Susana Villarán sean exhaustivamente investigados para así conocer hasta dónde habrían llegado los tentáculos de la presunta organización criminal que ella habría enquistado y liderado en la MML, desde enero del 2011 hasta diciembre de 2014; y, para ello, el Fiscal Carlos Puma Quispe cumple un rol fundamental y debería despertar del letargo en el que parecería estar imbuido.

¿Cree usted que haya una suerte de conspiración para no investigar a fondo el “Caso Villarán-MML”?

Mire usted, como abogado conozco la Ley, y lo que yo pueda pensar es irrelevante. Lo que pesa es lo que se puede probar y la Ley obliga a los fiscales a agotar la investigación de todas las hipótesis criminales posibles; que los hechos demostrarían que el Fiscal Carlos Puma Quispe no lo está haciendo.

El constitucionalista Enrique Ghersi, en una entrevista que dio en mayo de este año, señala que en el Ministerio Público la izquierda y el IDL ejercen una gran influencia, dando a entender que a Susana Villarán y a su entorno se les estaría tratando con mano blanda; cosa que los hechos estarían demostrando que es cierto.

Por su parte, la prensa alineada y mermelera, coincidentemente cuando “Budián” está declarando quienes más estarían involucrados con la corrupción vinculada con “Lava Jato”, sale con pronunciamientos tales como que “la lucha anticorrupción debe ceder su
primacía a la lucha contra la pandemia” (¿?); que las declaraciones del aspirante a colaborador eficaz Castro Gamarra no son creíbles (pero cuando se trata de colaboradores eficaces en otros casos sí lo son); que prestemos atención a figuras secundarias como Luis Gómez Cornejo y César Meiggs; que el ilícito de “asociación para delinquir” o de “organización criminal” en el caso de Villarán no se habría configurado; y, otras tantas distracciones que cierto “líder de opinión”, gurú de la “prensa mermelera”, viene creando.

Si el Fiscal Carlos Puma Quispe no admite esta nueva denuncia contra Pedro Salinas Chacaltana y Paola Margot Ugaz Cruz (“periodistas de oficio” vinculados con IDL-R), tal como ocurrió con las sendas que la han precedido, estaremos frente a un hecho que tendría ribetes de escándalo y para muchos confirmaría que en el Ministerio Público “habría una mano externa que mece la cuna” y que haría “intocables” a Villarán y a quienes fueron su entorno político cercano dentro de la MML, a los que gran parte del público ha venido a llamar “la mafia de las chalinas verdes.

¿Hasta dónde piensa llevar esta lucha anticorrupción que viene librando?

Hasta las últimas consecuencias. Hasta que todos los involucrados en los actos de corrupción que presuntamente se produjeron durante el gobierno edil de Susana Villarán sean investigados y procesados, de ser el caso.

Mire usted, luego de interponer la denuncia de 1 de julio de 2019, trataron de intimidarme
para que no siguiera investigando ni formulando denuncias. Hasta en dos ocasiones se presentaron dos sujetos a mi casa, en horas que yo estaba ausente, y me dejaron el mensaje. Hace poco, luego de la publicación del Editorial de “La Razón” sobre la lucha anticorrupción, de la nada, el 24 y 25 de julio, nuevamente dos sujetos que se trasladaban
en una camioneta Land Cruiser negra con lunas polarizadas, “pasaron a visitarme” por casa, preguntaron por mí y, al ser informados que no estaba, se marcharon sin identificarse a pesar que se les solicitó que lo hagan. Luego el lunes 27 por la noche, a poca distancia de mi casa fui atacado por la espalda, me bolsiquearon, y lo único que se llevaron fue mi celular. Extrañas “casualidades”, ¿no le parece?

Todavía faltan muchas crónicas por publicar, así como varias denuncias que presentar ante el Ministerio Público; y, no por estas “coincidencias” voy a dejar de hacerlo. Creo que, como ciudadano, como peruano, es mi deber cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República.