Las cámaras de seguridad y una investigación fiscal revelaron que agentes de la Policía Nacional habrían simulado una intervención para secuestrar y exigir dinero a un empresario y su acompañante
¡Rechazo absoluto! En un caso que ha sacudido a la Policía Nacional del Perú (PNP), seis agentes en servicio activo fueron detenidos tras comprobarse que realizaron una intervención falsa con apariencia de operativo antidrogas en el distrito de Lurín, al sur de Lima, con el presunto objetivo de extorsionar a un empresario y a su acompañante.
Las imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran cómo el empresario David Campos Urrutia y su acompañante Junior Chávez fueron interceptados en un grifo de la Panamericana Sur a altas horas de la noche, obligados a descender de su vehículo y encañonados por los policías, quienes se identificaron falsamente como miembros de la Dirandro y alegaron que estaban investigándolos por narcotráfico.
Según la Fiscalía Anticorrupción, esa supuesta intervención nunca tuvo sustento legal ni respaldo de orden judicial o fiscal, y en realidad fue un montaje para presionar psicológicamente a las víctimas y exigirles dinero a cambio de su libertad.
Tras la detención, los implicados trasladaron a Campos y Chávez a la Depincri de San Martín de Porres, donde incluso intentaron fabricar pruebas y simular documentos oficiales. Los fiscales señalan que uno de los agentes se habría tomado fotos y vídeos conduciendo el vehículo de lujo (valorado en más de 200 mil dólares) mientras el empresario era llevado esposado en otro auto.
Extorsión y medidas legales
De acuerdo con las indagaciones, los policías exigieron a los familiares del empresario una suma superior a 3,000 soles para permitir la liberación de la víctima. La investigación apunta al entonces jefe de la Depincri San Martín de Porres, coronel Mervin Sánchez Matto, como presunto cabecilla de la red interna que facilitó la extorsión.
El pasado 12 de enero, en un operativo conjunto entre la Fiscalía y la propia Policía, los seis oficiales y suboficiales fueron detenidos y ahora cumplen 18 meses de prisión preventiva mientras continúan las diligencias por presuntos delitos como secuestro, extorsión, concusión, falsificación de documentos y abuso de autoridad.
Este caso ha generado indignación en la ciudadanía y ha vuelto a poner de relieve preocupaciones sobre la integridad y la conducta de miembros de la fuerza policial, especialmente cuando se trata de abusos de poder cometidos por quienes deberían velar por el cumplimiento de la ley.
