Actualmente, la edad de jubilación legal en el Perú es a los 65 años
El Poder Ejecutivo ha presentado al Congreso de la República un proyecto de ley que tiene como objetivo la creación de un nuevo sistema de pensiones en el Perú.
Este proyecto será sometido a un análisis por parte de las Comisiones de Economía y Trabajo del Parlamento. La propuesta del gobierno incluye aumentar la pensión mínima de S/500 a S/600 en la ONP, y también busca introducir modificaciones en lo que respecta a la edad de jubilación anticipada.
En la actualidad, la edad de jubilación legal en Perú es de 65 años, tanto para hombres como para mujeres. No obstante, en el sistema de pensiones privado existen diversas opciones que permiten a los afiliados jubilarse antes de alcanzar esa edad, a través de un régimen de jubilación anticipada que puede comenzar a partir de los 50 años.
Sin embargo, la propuesta del Ejecutivo pretende modificar la edad para la jubilación anticipada, estableciéndola a partir de los 55 años en lugar de los 50.
Según la justificación proporcionada, disminuir esta edad por debajo de los 55 limitaría la opción de que una persona con la capacidad física para trabajar y reintegrarse al mercado laboral continúa acumulando ahorros para su vejez a través de contribuciones obligatorias o voluntarias.
«El acceso de manera temprana a la jubilación afecta directamente al nivel de la CIC y, consecuentemente, al nivel de pensión, debido a la relación directa que existe entre una mayor acumulación en la CIC (aportes y rentabilidad) y la pensión a la que se puede acceder con los recursos acumulados; es decir, cuanto mayor es la CIC o el total de ahorros previsionales, mayor es la pensión a la que accede el trabajador», sostiene el Gobierno.
El proyecto de ley también propuesto indica que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) debe asignar a una entidad la tarea de examinar y valorar la edad en la que una persona puede jubilarse de manera legal, con el fin de realizar ajustes graduales a lo largo del tiempo.
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Este análisis se llevará a cabo teniendo en cuenta la esperanza de vida de la población, las tendencias laborales actuales y las proyecciones de reemplazo en los aspectos contributivos.
Si la propuesta tiene éxito, la evaluación deberá llevarse a cabo de manera regular, con un límite máximo de cinco años; la primera revisión se realizará dos años después de que la ley entre en vigor.
