Nueva ofensiva. La propuesta para la destitución «inmediata» de los siete magistrados está programada en la agenda del Pleno. Las bancadas consultadas, que podrían definir la votación, aún no han tomado una decisión sobre qué postura adoptar
El sector del Congreso que está insistiendo en la destitución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) está tan desesperado que ahora está tratando de ir en contra del propio procedimiento que estableció en su primer intento fallido de destituir a los siete miembros de la institución por una supuesta «causa grave».
Es importante recordar que a finales de agosto, la congresista Patricia Chirinos (Avanza País) presentó una moción de orden del día proponiendo un procedimiento sumario. En ese momento, la Comisión de Justicia tuvo un plazo inicial de 10 días para llevar a cabo la investigación. El equipo técnico elaboró un informe que no encontró responsabilidad en los magistrados de la Junta. Sin embargo, los congresistas rechazaron este informe y, cerca de que venciera el plazo, aprobaron otro informe «con cargo a redacción» que recomendaba la destitución.
Cuando el tema iba a ser debatido en el Pleno, una resolución de la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior suspendió el proceso en noviembre. Luego, se produjo la suspensión preventiva de Patricia Benavides como fiscal de la Nación y fiscal suprema, mientras se llevan a cabo las investigaciones en su contra tras las revelaciones del operativo Valkiria V, liderado por el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder (Eficcop), coordinado por la fiscal Marita Barreto.
Esta suspensión ha motivado el contraataque de un sector del Parlamento que, según la hipótesis de investigación fiscal, estaba negociando votos a cambio de favores. El intermediario era Jaime Villanueva, el exasesor de Benavides, quien ahora se ha convertido en colaborador eficaz.
Así, la nueva moción de orden del día patrocinada por los legisladores de Renovación Popular, Jorge Montoya y Alejandro Muñante, busca nuevamente la destitución inmediata de los magistrados de la JNJ. En esta ocasión, no se contemplan los 10 días que se le dieron a la Comisión de Justicia en el intento anterior para llevar a cabo una investigación y elaborar un informe que fuera votado por los legisladores.
La JNJ ha señalado en un comunicado que la pretensión del Congreso de destituir de manera inmediata a sus miembros significaría, en caso de tener éxito, un «quiebre del régimen democrático» y un «atentado contra la legitimidad constitucional del propio Poder Legislativo», con consecuencias imprevisibles para la república.
Montoya y Muñante argumentan en su moción que existe un conflicto de interés entre los miembros de la Junta y la fiscal Patricia Benavides, a pesar de lo cual se procedió con su suspensión. Sin embargo, según la JNJ, la evaluación al respecto corresponde exclusivamente al Pleno de la JNJ, según lo establece el artículo 17 de su Ley Orgánica, y no al Congreso.
La moción patrocinada por Montoya y Muñante también argumenta que el proceso disciplinario inmediato que la JNJ está aplicando a Benavides no está contemplado en su Ley Orgánica. Sin embargo, la institución recuerda que este mecanismo sí está regulado en su Reglamento.
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