Gunvor S.A., una importante multinacional de comercio de materias primas con sede en Suiza, ha reconocido su participación en prácticas corruptas relacionadas con el pago de sobornos a funcionarios del Gobierno ecuatoriano.
La investigación ha descubierto una trama de corrupción que se extendió desde 2012 hasta 2020 (durante los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno) y permitió a Gunvor obtener ganancias provenientes de las coimas que pagaba y que superan los USD 384 millones.
Las acusaciones se centran en acuerdos comerciales entre Gunvor y Petroecuador, la empresa estatal petrolera de Ecuador. Los sobornos entregados a altos cargos del gobierno ecuatoriano facilitaron que Gunvor obtuviera ventajas competitivas en dichas transacciones, incluyendo contratos lucrativos y préstamos respaldados por petróleo.
Los detalles del caso son preocupantes y ya fueron denunciados por el exlegislador Fernando Villavicencio, que fue asesinado durante la campaña presidencial de agosto de 2023 en Ecuador. Según se reveló en los tribunales estadounidenses, Gunvor utilizó empresas estatales extranjeras, como Unipec (China) y Petrotailandia (Tailandia), como intermediarias para llevar a cabo sus operaciones fraudulentas. Además, según la fiscalía de Nueva York, los pagos indebidos posibilitaron que Gunvor accediera a información confidencial de Petroecuador, lo que resultó en millonarias ganancias ilícitas.
La compañía suiza ha sido sentenciada en los Estados Unidos a pagar una multa penal de más de USD 374.5 millones y se le confiscarán más de USD 287,1 millones en ganancias obtenidas de forma ilegal. Además, hasta un cuarto de la multa podría ser perdonado por las autoridades judiciales en Suiza y Ecuador, como reconocimiento a las investigaciones pendientes por delitos de corrupción relacionados.
La colaboración internacional entre varios países y organismos judiciales ha sido crucial para descubrir y castigar a la multinacional.
El Ministerio Público de Ecuador informó que la condena de Gunvor S.A. en Estados Unidos se enmarca en una investigación más amplia que también involucra a Nilsen Arias, exgerente de Comercio Exterior de Petroecuador, quien también fue sentenciado en ese país. La investigación contra Arias contó con la cooperación de la Fiscalía General del Estado ecuatoriana, que facilitó el intercambio de información relevante para el caso.
En Ecuador, varios exfuncionarios de Petroecuador, así como la empresa Gunvor en Ecuador y su representante internacional, enfrentan un proceso penal conocido como caso Alianza por el delito de cohecho. Esta investigación también se refiere a la trama de corrupción que involucra el pago de sobornos a funcionarios ecuatorianos para obtener contratos lucrativos en el sector petrolero.
Ahora, indicó en un comunicado la Fiscalía ecuatoriana, la responsabilidad recae en la Procuraduría General del Ecuador para iniciar el proceso de recuperación de los fondos obtenidos de manera ilícita. El país tiene un plazo de un año para llevar a cabo este proceso de recuperación de activos, con el objetivo de compensar los daños causados por la corrupción y garantizar que los fondos regresen al erario público, indicó la institución.
En febrero de 2022, en un informe sobre el caso Petrochina, el entonces legislador Fernando Villavicencio, reveló que el Ecuador solicitó financiamiento por USD 18.170 millones a Petrochina, Unipec y PTT, en donde se comprometieron como garantía USD 1.365 millones de barriles de petróleo ecuatoriano. Sin embargo, los barriles que debían ir directamente a China terminaron endosados a los bancos europeos Société Générale, Natixis y el ING Bélgica. El propósito –explicó Villavicencio– era “que los chinos accedieran a los dólares y puedan cumplir con los préstamos. Estos bancos resultaron aliados del grupo Gunvor y juntos comercializaron el petróleo ecuatoriano. Las pérdidas para Ecuador producto de la intermediación petrolera serían unos USD 5.000 millones”.
En el centro de la trama petrolera que ha perjudicado a Ecuador, estaría el Grupo Gunvor, según las investigaciones del asesinado Villavicencio. En esa multinacional trabajaba Raymond Kohut, que en diciembre de 2021, confesó ante la justicia estadounidense el pago de por lo menos USD 70 millones en sobornos a funcionarios de Petroecuador y en pago de comisiones a otros intermediarios. Kohut y sus actividades societarias quedaron al descubierto gracias a la investigación de los Papeles de Pandora. El Grupo Gunvor habría servido como intermediario para controlar la comercialización del petróleo ecuatoriano que debía llegar a las refinerías chinas, indicó entonces Villavicencio.
FACTOR PERÚ
Cabe indicar que por esos mismos años, el representante de Gunvor, el canadiense Raymond Kohut, también operaba en el Perú y mantenía reuniones con funcionarios de Petroperú.
Incluso Gunvor logró contratos con Petroperú de biodiésel B100 por un total de US$716,8 millones, entre los años 2015 y 2021.
Las primeras investigaciones de corrupción en el accionar de Gunvor en la región surgieron en 2021. Es por eso que en 2022, el jefe de la División de Investigación de Lavado de Activos Proveniente del Crimen Organizado (Divilapco) de Perú, comandante PNP Eduardo Dávila Llanos, requirió al fiscal coordinador de los despachos especializados en lavado, Rafael Vela Barba, la investigación de la compra de Petroperú a la compañía Gunvor de biodiésel B100 por un total de US$716,8 millones.
El registro de las visitas de Kohut a las oficinas de la petrolera estatal indica que su presencia coincidía con los periodos en que Petroperú contrató a Gunvor para el suministro de biodiésel B100. Según la base de datos de la compañía estatal sobre importaciones, Gunvor acaparó casi el 80% de las compras de biodiésel B100 que hacía Petroperú, lo que expresaba una evidente preferencia por dicho proveedor.
INVESTIGACIÓN
El reporte señala que la confabulación, que representó una pérdida de US$4.771 millones para la petrolera ecuatoriana, consistía en la venta subvaluada de crudo ecuatoriano a empresas como Gunvor y otras de fachada, que luego era revendido a otros países, entre ellos el Perú. Este esquema pudo haberse repetido en el Perú.
Precisamente, en el documento oficial, mediante el cual el jefe de la Divilapco pide al fiscal superior Rafael Vela que alguno de los despachos especializados asuma la investigación del caso, señala a Raymond Kohut como una de las personas que deben ser interrogadas.
Tras lo conocido esta semana a nivel internacional, también se espera que desde el Congreso peruano se plantee indagar si en el país se actuó de forma similar a lo ocurrido en Ecuador.
Como representante de Gunvor, el canadiense Raymond Kohut ingresó en el Perú en 170 oportunidades, entre 2002 y 2020, de acuerdo con su movimiento migratorio.
En el periodo del 2014 al 2020, llegó 46 veces a Lima. En ese mismo lapso de tiempo, Gunvor le vendió biodiésel a Petroperú por US$691,3 millones.
También están registradas las visitas de Kohut a Petroperú, en la misma época en que Gunvor acapara los contratos con la petrolera nacional. Entre 2016 y 2020, ingresó a la empresa estatal en 29 ocasiones. En ese periodo, Gunvor facturó US$602,8 millones por ventas de biodiésel, casi el 9% del total.
