Grupos de personas se juntan para capturar a este tiburón mientras que las autoridades colombianas evitan la persecución a esta especie protegida.
El pasado viernes, en esta zona de océano tranquilo en la isla de San Andrés, en el Caribe de Colombia, un tiburón tigre acabó con la vida de un turista italiano tras seccionarle buena parte del muslo derecho de un mordisco. El evento, que autoridades y profesionales insisten en resaltar como extraño e inusual, ha causado actitudes de toda clase, a partir de quienes se han apresurado a solicitar que se depuren responsabilidades por la existencia del tiburón en una región habilitada para el baño hasta quienes, de manera directa, han decidido organizarse para tomarse la justicia por su mano.
Aunque el tiburón tigre es una especie protegida en el territorio, diversos equipos de isleños se permanecen movilizando en las últimas horas para acomodar batidas con el exclusivo objetivo de concluir con la vida del animal, un hecho que fue denunciado ya por algunas empresas del medio ambiente que trabajan en San Andrés.
La caza del tiburón tigre está prohibida a partir de 2008. La Corporación Raya, una organización que labora ya hace 20 años en custodia de los derechos de los animales, ha denunciado un clip de video en donde se puede ver a un conjunto de individuos tratando cazar tiburones en las playas de la isla. Las imágenes presentan cómo al poco tiempo de iniciada la cacería llega un barco de la Armada Nacional para intentar disuadirlos: “Se rememora al personal que está en el agua que dicha especie que permanecen tratando cazar es una especie protegida”, se escucha mencionar a un oficial.
“El tiburón nos va a matar”, responden los isleños en el clip de video. El temor se ha cobrado ya su primera víctima: este fin de semana este mismo conjunto asesinó a un tiburón nodriza, una especie distinto de la que acabó con la vida del turista el viernes. Los profesionales de la Corporación Coralina, una entidad medioambiental, aclaran que esta especie no representa ningún riesgo para el ser humano y rechazan de plano unas ocupaciones que, recuerdan, tienen la posibilidad de traer consigo sanciones. En Colombia, la caza y pesca ilegal se hallan tipificadas a lo largo del territorio como un delito que comporta multas de hasta 35.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (el equivalente a bastante más de 916.500 dólares) y la privación de la independencia de 48 a 108 meses.
