Gobierno alista fin de privilegios y reducción de personal

 

Altos funcionarios de Petroperú reciben suculentas gollerías y solo el 2023 se destinaron más de S/ 276 millones en pagar estos beneficios fuera de sus remuneraciones.

Así lo reveló la ministra de Economía, Denisse Miralles, tras defender el decreto de urgencia que establece medidas extraordinarias para la reorganización patrimonial y operativa de Petroperú.

La titular del MEF manifestó que el 55% del gasto de personal no es sueldo, sino que existen hasta 83 tipos de beneficios y “gollerías”, muchos de ellos desconectados de la realidad financiera de la empresa.

Recordó que en el 2023 se gastó 276 millones de soles en beneficios adicionales, pese a que no generó utilidades.

“En el decreto de urgencia se explica claramente que no se está tomando una decisión de retiro (de los trabajadores), sino de abrir un vehículo para hacer una evaluación rápida y no una evaluación de años”, expresó, tras indicar que luego de ello se podrá conocer el número de trabajadores que podrían ser retirados de la empresa.

El Gobierno interino de José Jerí publicó el Decreto de Urgencia N.° 010-2025, una norma que habilita la reorganización patrimonial de Petroperú y la incorpora al régimen de promoción de la inversión privada.

El decreto autoriza que Petroperú sea «partida» y deje de operar como una empresa integrada. Así, la norma permite la reorganización de los bienes de la petrolera estatal en uno o más bloques patrimoniales, que pueden incluir activos estratégicos como la Nueva Refinería de Talara, el proyecto energético más importante del país con una inversión superior a los US$5.000 millones, sin contar infraestructura logística, posición de mercado ni el potencial asociado a nuevos descubrimientos de hidrocarburos en el norte del país.

Estos bloques podrán ser transferidos a empresas creadas por la propia Petroperú, con el objetivo de facilitar su administración, acceder a financiamiento y asegurar la continuidad de sus operaciones, según lo determine ProInversión, reza el documento. Aunque estas empresas seguirán siendo formalmente de propiedad estatal, los activos dejan de formar parte del balance principal de la petrolera.

Como señala el decreto, se encarga a ProInversión el diseño, conducción y ejecución integral del proceso, incorporando a Petroperú al marco del Decreto Legislativo N.° 674, que regula la promoción de la inversión privada en empresas del Estado. La agencia queda facultada para definir la modalidad de promoción aplicable, decidir la transferencia de activos, seleccionar operadores especializados y estructurar fideicomisos para la administración y garantía de los flujos.

Además, la norma deroga el artículo 1 de la Ley N.° 28244, que excluía a Petroperú de determinadas modalidades de promoción de la inversión privada, lo que elimina una de las principales barreras legales que impedían este tipo de procesos.

El decreto dispone que, en un plazo no mayor de 30 días hábiles, el directorio de Petroperú apruebe una nueva estructura orgánica.

En paralelo, se autoriza un aporte de capital de hasta S/240 millones en 2026 para financiar medidas de reorganización interna, incluida la reconversión y despido masivo de personal que incluye los compromisos laborales.

El régimen de Jerí señala que estas medidas «buscan garantizar la seguridad energética del país y evitar un eventual desabastecimiento de combustibles», especialmente en regiones como Loreto, Ucayali y Madre de Dios, donde Petroperú concentra más del 85% del mercado. El decreto tiene una vigencia de un año y es de aplicación inmediata, con cargo a dar cuenta al Congreso de la República.

De acuerdo con el propio decreto, Petroperú enfrenta pérdidas operativas desde 2022, capital de trabajo negativo y una dependencia del endeudamiento externo.

A octubre de 2025, la empresa registraba solo S/ 66 millones de caja y una reducción de sus líneas de crédito.

Por su parte, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) anunció la puesta en marcha un plan técnico de acción para ejecutar la reorganización de Petroperú.

Según informó el presidente de ProInversión, Luis Del Carpio, este plan de reestructuración de la petrolera estatal será presentado en un plazo máximo de 60 días.

“Esta era una decisión impostergable. Petroperú tiene activos valiosos, pero hoy no genera los flujos necesarios para sostenerse. Nuestro encargo es aplicar una solución empresarial, como lo hacen las grandes empresas del mundo. No se va a privatizar Petroperú, vamos a ordenarla, generar valor y devolverle sostenibilidad para que los peruanos vuelvan a sentirse orgullosos de su empresa”, comentó.

“Por ejemplo, la Refinería de Talara no será rematada ni privatizada, sino preservada y puesta en valor bajo un modelo que asegure eficiencia, inversión y continuidad operativa”, afirmó.

La agencia precisó que esta reorganización no afectará la cadena de producción ni el abastecimiento de combustibles a nivel nacional.

En ese sentido, se descartó cualquier impacto en los precios pues Petroperú continuará operando con normalidad, mientras avanza de manera progresiva con el proceso.