La diferencia entre un socio que necesita un Estado fuerte y uno que se beneficia de su debilidad.

Las licitaciones con empresas chinas en el Perú generan debate, pero operan en un solo registro: el económico. ¿Cuánto invierten? ¿Qué tarifas? Preguntas insuficientes cuando el inversor es el instrumento del Estado más poderoso y menos democrático del mundo.

El problema no es que China invierta en Perú. El problema son las decisiones sobre infraestructura crítica nacional basadas en análisis de negocios, sin evaluar implicaciones de seguridad nacional. Enfoques que llevan a conclusiones distintas con costos estratégicos irreversibles que el Perú pagará en el mediano y largo plazo.

ENTENDER QUÉ ES CHINA

China no es una economía de mercado con un gobierno autoritario. Es un Estado de partido único donde la frontera entre empresa privada y aparato estatal no existe para Beijing. Su récord en derechos humanos es uno de los peores del mundo, con datos documentados: más de un millón de uigures en campos de reeducación en Xinjiang, represión sistemática en Tíbet y Hong Kong, vigilancia masiva con reconocimiento facial y control total de internet. Esa es la naturaleza del sistema con el que el Perú firma contratos.

LEY QUE DEFINE EL RIESGO REAL

El Artículo 7 de la Ley de Inteligencia Nacional China (2017) obliga a cualquier empresa u organización china a cooperar con los servicios de inteligencia del Estado cuando este lo solicite, en cualquier país donde opere, sin aviso previo y sin posibilidad de negativa. Eso convierte a YOFC, Huawei, COSCO o China Southern Power Grid en actores con obligaciones legales hacia Beijing sobre infraestructura en suelo peruano, legislación china aplicada a los contratos.

DOS MODELOS DE SOCIO QUE PERÚ DEBE DISTINGUIR

Estados Unidos, centrado en sus intereses, exige transparencia institucional, combate al narcotráfico y crimen organizado, rendición de cuentas condicionadas a la asociación. Exigencias incómodas, pero apuntan en la misma dirección que los intereses del ciudadano peruano.

China no condiciona. No pregunta sobre corrupción, crimen organizado ni debilidad institucional. Un Estado débil negocia peor, fiscaliza menos y depende más, beneficiando a China. El puerto de Chancay ilustra como esa inversión operada por COSCO, enfrenta dificultades con nuestras autoridades para la supervisión de sus operaciones. Ese es el patrón, China necesita que el Estado peruano sea lo suficientemente funcional para firmar contratos, pero sin solvencia para fiscalizar lo que ocurre después.

Otro ejemplo son los Institutos Confucio, presentes en universidades, financiados por el gobierno chino. Su currículo evita sistemáticamente Taiwán, Tíbet, Tiananmen y Xinjiang. Mas que institutos de idioma, son instrumentos de influencia cultural que universidades en Estados Unidos, Canadá y Europa han cerrado por seguridad académica.

LA RED DORSAL Y EL CABLE SUBMARINO: ADVERTENCIA CHILENA

 

La Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, 13.500 km que conectan 22 capitales de región con nodos hacia Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile, es la columna vertebral digital del Perú. Lleva cuatro años sin operador privado estable y la nueva concesión se definirá en el primer semestre de 2026, mediante el estudio encargado por ProInversión y el Consorcio BlueNote. Pero el proceso de licitación no incluye criterios de seguridad nacional en los términos de referencia.

El escenario coincide con el intento chino de instalar un cable submarino de casi 20.000 km desde Valparaíso hasta Guangdong en su programa de la Ruta de la Seda Digital. Chile lo aprobó en enero de 2026, anulado en 48 horas bajo presión directa de Washington, que revocó las visas de tres funcionarios chilenos por comprometer infraestructura crítica de telecomunicaciones. El proyecto chino del cable sigue activo, buscando destinos alternativos. Si aterriza en Perú y se conecta a la Red Dorsal, Pekín dispondría de un corredor y los datos de toda la región andina hacia China, sin filtros. Ello convertiría al Perú en su nodo de inteligencia digital para América del Sur.

En 2025, Estados Unidos designó al Perú como Aliado Principal No-OTAN, compromiso de seguridad incompatible con la infraestructura de datos bajo jurisdicción de la ley de inteligencia china. Washington lo dejó claro en Santiago y hará lo propio en Lima. No se trata de vetar las inversiones chinas, se trata de preguntarnos como se beneficia China con un Estado débil y por qué no le interesan nuestras fortalezas, transparencia o capacidad para controlar nuestro territorio. La licitación de la Red Dorsal, diseñada sin criterios de seguridad nacional, responde a esa pregunta. Y en el primer semestre de 2026 esa ventana se cierra.