Parlamento no debe claudicar de su función constitucional, señala Javier González Olaechea
Por Roberto Sánchez R.
El doctor en Ciencias Politícas Javier González Olaechea manifestó, entre otras cosas, que el Congreso de la República no ha violado la Constitución al convocar a pleno, y evaluar la designación de los seis magistrados del TC que ya tienen un mandato largamente vencido.
¿Qué implica que el Poder Judicial admita a trámite una acción de amparo contra elección de miembros del Tribunal Constitucional?
Somos una República con independencia de poderes. Es competencia exclusiva y excluyente del Congreso elegir a los miembros del Tribunal Constitucional y también dotarse del reglamento que tiene jerarquía de ley. Los congresos en todas partes del mundo ejercen sus funciones hasta el final de sus mandatos. El Congreso no ha violado la constitución al convocar al pleno para evaluar la designación de los 6 magistrados con mandatos largamente vencidos. La admisión a trámite de una acción de amparo puede extralimitarse, aún más cuando pudiera no estar bien fundamentada.
¿El Poder judicial puede aducir desacato, si el Congreso rechaza la acción de amparo ordenando postergar la elección de los magistrados del TC?
Todo es posible y si así procediera, ampliaría el conflicto político con revestimiento jurídico, o si prefiere, al revés. Considero que la Oficina de Control del PJ debería iniciar una investigación preliminar por la orden judicial de suspensión provisional de la elección de los magistrados. La OCMA tiene las facultades y autonomía para hacerlo de oficio.
¿Cuál cree usted es el trasfondo político que observa en este detalle administrativo que enfrentaría competencias del PJ y el parlamento?
Los congresistas son políticos. Mediante la valoración y aprobación de 87 o más congresistas y debiendo confluir diversas voluntades políticas, el objetivo es contar con los magistrados que ofrezcan los mejores pergaminos e independencia partidaria. Todos interpretamos la realidad, por ende la elección no está desprovista de una valoración política.
De otro lado ¿Qué opina de la nueva investigación abierta por el fiscal José Domingo Pérez contra la candidata Keiko Fujimori, por los audios de Montesinos?
Debo precisarle que fui militantemente opositor a la disolución del congreso el 5 de abril del 92. Guardo evidencias periodísticas. No soy pues un neo demócrata.
El señor fiscal Pérez demuestra una irrefrenable vocación maratonista en el caso que Usted alude. No conozco a la señora Fujimori y no hay unanimidad respecto a que los actos ilícitos que le imputa eran contrarios a la ley de entonces, 2011, 2016… El señor fiscal ante tanta pública evidencia fílmica y auditiva respecto al partido Perú Libre guarda silencio sepulcral. Padece de miopía selectiva y de audición discrecional pudiendo actuar de oficio o al menos pronunciarse con un simple tweet. Pudiera haber inspirado la famosa canción de Shakira, ciego, sordomudo y testarudo. Lo que comenzó con alguna mesura, hoy es un atropellado ensañamiento y una obsesiva persecución política.
¿Considera que la investigación que realiza la Fiscalía contra los Dinámicos del Centro incida en esta petición fiscal?
Desde hace buen tiempo entrar en el ámbito y en las paredes del Ministerio Público pudiera ser un viaje a la dimensión desconocida. Siempre deseo confiar en la preparación y en la probidad de nuestros magistrados y mi obligación es respetar sus funciones, investidura y autoridad hasta que la realidad, y especialmente una sentencia consentida, demuestre lo contrario. Aclaración hecha, sí considero altamente posible la incidencia que Usted indica.
¿Cree que existe presión política para que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclame como ganador de la segunda vuelta al candidato Pedro Castillo?
Resulta obvia, concurrente y escándalos. Comienza por el señor presidente y termina con el autoproclamado vencedor sin que el Jurado Nacional de Elecciones concluya su labor que, conforme al artículo 181 de la constitución, debe “apreciar los hechos” con criterio de conciencia. Para hacerlo debe observar las pruebas que alegan las partes y, objetivamente, aún no ha ocurrido, más bien, lo contrario. También hay presión de machetazos y amenazas televisadas de que correrá sangre de no ser proclamado. A su vez, hay presión de la otra parte por agotar los recursos legales de lo que subrayan debe ser la verdad electoral. No puede saltarse la constitución.
¿Cree que una proclamación del JNE al ganador de la elección en este momento le quitaría legitimidad a un gobierno de Pedro Castillo?
¡Pato que nace rengo, no deja de cojear! Lo que está en juego no es sólo la legitimidad de origen de cualquier presidente, subrayo, él o ella, también lo está una mínima gobernanza política y social. En términos marxistas, si las contradicciones se agudizan, el río no sólo traerá piedras. Pueden concurrir varios huacos que arrasen riberas, postergue la ansiada recuperación, impida atender rápidamente la pandemia y la superación de brechas sociales que a todos nos duelen. Siempre se puede saber cuando comienza un conflicto político y social, jamás se puede avizorar cómo, bajo qué circunstancias y cuando termina el conflicto. EL JNE del bicentenario tiene la obligación, más allá de lo jurídico, de evitarlo.
