Acusan a fiscal de ser la principal obstructora de la justicia
La Asociación de Víctimas del 9 de Enero en Juliaca emitió un comunicado en el que exige la dimisión de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, luego de enterarse de su presunta participación al frente de una organización delictiva dentro de la institución. Los familiares de las víctimas afirmaron que, desde el inicio de las protestas sociales, ha surgido como la principal obstaculizadora del proceso judicial.
César Quispe Calsín, el abogado representante de la asociación de víctimas, señaló que a lo largo de las investigaciones se ha producido un cambio de fiscal en cinco ocasiones, y considera que la decisión de trasladar las carpetas fiscales a Lima carece de lógica.
La denuncia constitucional presentada por Benavides contra Dina Boluarte fue criticada duramente por las víctimas y su defensa, quienes la describieron como un desastre. Esto se debe a que solo se tomó en cuenta cinco fallecidos en las investigaciones, y en el caso de Puno, solo se demostró a una víctima.
«Es sospechoso y escandaloso que Benavides solo haya considerado a cinco fallecidos, cuando todos sabemos que son muchos más. Solo en el caso de Puno tenemos 29 ciudadanos asesinados en este contexto», afirmó Quispe Calsín.
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En Ayacucho, la Asociación de Familiares de Asesinados y Heridos del 15 de Diciembre indicó que la denuncia presentada por Benavides contra Boluarte parece ser un intento desesperado de contrarrestar las revelaciones en su contra.
«No, señora fiscal, no utilizará la memoria de los fallecidos, ni las lágrimas y el dolor para salvarse de su responsabilidad en una red criminal», se lee en el documento firmado por su presidenta, Ruth Bárcena, y otros representantes.
Asimismo, también exigieron la renuncia del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez. «Nos sentimos engañados, burlados, revictimizados y desconfiados del actuar del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo». Agregan que exigen «sus renuncias a sus cargos y funciones».
