Papelón. La justicia brasileña puso en evidencia las mentiras del Equipo Lava Jato liderado por los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez al revelar que las pruebas entregadas a la fiscalía peruana son nulas, no sirven.
El ministro José Dias Toffoli, del Supremo Tribunal Federal de Brasil, amplió la decisión que anuló pruebas obtenidas en el acuerdo con la empresa Odebrecht, en el ámbito de la Operación Lava Jato y las declaraciones de Jorge Henrique Simões Barata, exjefe de la constructora en Perú.
La disposición, firmada el 20 de agosto, beneficia también a Luiz Antonio Mameri, ex vicepresidente de Odebrecht en América Latina.
El juez también ordenó informar al gobierno peruano que las pruebas enviadas como parte de la cooperación internacional fueron consideradas inútiles en Brasil y, por lo tanto, ya no serán compartidas con el país vecino y tampoco tienen validez.
“El examen de los efectos que se deriven de la falta de confiabilidad de los elementos de prueba ahora reconocidos corresponde al juez natural del incidente o a la autoridad administrativa ante la cual se tramite la solicitud de cooperación internacional, y, además, esta decisión se dicta de conformidad con el ordenamiento jurídico brasileño”, dice un extracto de la decisión.
Toffoli respondió a un pedido de la defensa de los ex directivos. Los abogados afirmaron que el caso de los empresarios era similar al de otros acusados de Lava Jato cuyos casos fueron anulados debido a irregularidades en el desarrollo de las investigaciones.
En septiembre del año pasado, el ministro anuló todas las pruebas del acuerdo de indulgencia de Odebrecht que sustentaban una serie de acciones penales interpuestas por el 13º Tribunal Federal de Curitiba, entonces encabezado por el juez Sergio Moro.
En setiembre de 2023 la Corte Suprema brasileña anuló todas las pruebas obtenidas mediante acuerdos de colaboración con la constructora Odebrecht, las cuales afectaron a varios políticos y empresarios de Brasil y de otros países en el marco de la llamada operación Lava Jato.
La decisión fue del juez José Dias Toffoli como respuesta a un pedido hecho por la defensa del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.
El presidente pasó 580 días en prisión condenado por corrupción y lavado de dinero en un proceso que después fue anulado y que se basaba en parte en pruebas ofrecidas por Odebrecht.
En su dictamen, el magistrado también ordena que la Fiscalía General de la República, la Oficina Jurídica de la Unión y el Consejo Nacional de Justicia investiguen la responsabilidad de los agentes públicos involucrados en la realización del acuerdo de clemencia con la constructora.
