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    Fiscalía interviene en caso de la azucarera Pucala

    Fiscalía intervino ante constantes hechos violentos en Pucala

    Ante los continuos hechos violentos que se vienen produciendo en las localidades de Patapo y Pucala, la Fiscalía de Prevención del Delito de Chiclayo intervino, en resguardo del orden y la salud pública.

    Durante los últimos días, un grupo de aproximadamente 30 personas; que dicen ser trabajadores de Agropucalá, vienen realizando bulliciosas manifestaciones en la puerta de los juzgados civiles de Chiclayo; y bloqueando la carretera que conduce a Chongoyape, a la altura de Patapo, sosteniendo que su protesta de debe al retraso en el pago de sus haberes.

    Sin embargo, según la versión oficial de la empresa, los revoltosos serían principalmente personas ajenas a la azucarera. Su objetivo sería presionar a la jueza del Sétimo Juzgado Civil de Chiclayo, Liz Karina Fabian Palomino, para que cambie la administración de la empresa, y designe a un administrador afín a sus intereses.

    El Fiscal de Prevención del Delito, Erland Sánchez Díaz verificó esta situación el día 13 de enero en el despacho de la jueza Liz Karina Fabian Palomino; al constatar que la protesta exigiendo el cambio de administración era dirigida por Anaximandro Bustamante Rodríguez, y Renán Alfonso Rubio Niquen; quienes no trabajan para la empresa.

    Cabecillas de protestas no son trabajadores

    Anaximandro Bustamante Rodríguez es un ex trabajador de Agropucalá, procesado por la Sala Penal Nacional por los delitos de asociación ilícita para delinquir, fraude procesal y otros en agravio de Agropucalá.

    Renán Alfonso Rubio Sánchez, fue despedido de la empresa Agropucalá por la presunta adulteración de planillas de remuneraciones; y actualmente la Fiscalía lo investiga por los delitos de fraude informático y falsificación de documentos.

    Autoridades constataron alteración del orden público

    En presencia del Fiscal y la PNP, la magistrada manifestó que ya había atendido en más de una ocasión a los manifestantes; a pesar de lo que se encontraban alterando el orden público.

    Al no existir ningún motivo para que la jueza Fabian Palomino atienda a los protestantes; el Fiscal Erland Sánchez Díaz recomendó al Comandante PNP César Serrano Mendoza, considerar el estado de emergencia por el COVID-19, y restablecer el orden público.

    En el acta fiscal se dejó constancia además que los manifestantes se encontraban restringiendo el paso vehicular; así como, violando normas sanitarias exponiéndose a sí mismos, y a los transeúntes, al contagio del COVID-19.

    Asimismo, el día 14 de enero, la Fiscalía intervino ante los constantes hechos violentos en Pucalá; en esa oportunidad, registró la identidad de las personas que se encontraban realizando bloqueos de vías públicas a la altura del Servicentro de Patapo.

    La Fiscalía exhortó a los manifestantes a que cesen este tipo de actos ilícitos que configurarían los delitos de disturbios, extorsión, violación de medidas sanitarias en estado de emergencia, entre otros.

    Trascendió, que detrás de estos desmanes, estarían cuestionados personajes que financian movilidades, artefactos pirotécnicos, ollas comunes y hasta el uso de armas de fuego que se utilizan en los actos violentos, realizados para presionar a la jueza Fabian Palomino; por lo que la Fiscalía investiga estos hechos.

    Actualmente se registra patrullaje policial en la zona de los disturbios; y se anuncia la intervención de los revoltosos por causar disturbios en pleno estado de emergencia.

    Fiscalía intervino ante constantes hechos violentos en Pucala

    Ante los continuos hechos violentos que se vienen produciendo en las localidades de Patapo y Pucala, la Fiscalía de Prevención del Delito de Chiclayo intervino, en resguardo del orden y la salud pública.

    Durante los últimos días, un grupo de aproximadamente 30 personas; que dicen ser trabajadores de Agropucalá, vienen realizando bulliciosas manifestaciones en la puerta de los juzgados civiles de Chiclayo; y bloqueando la carretera que conduce a Chongoyape, a la altura de Patapo, sosteniendo que su protesta de debe al retraso en el pago de sus haberes.

    Sin embargo, según la versión oficial de la empresa, los revoltosos serían principalmente personas ajenas a la azucarera. Su objetivo sería presionar a la jueza del Sétimo Juzgado Civil de Chiclayo, Liz Karina Fabian Palomino, para que cambie la administración de la empresa, y designe a un administrador afín a sus intereses.

    El Fiscal de Prevención del Delito, Erland Sánchez Díaz verificó esta situación el día 13 de enero en el despacho de la jueza Liz Karina Fabian Palomino; al constatar que la protesta exigiendo el cambio de administración era dirigida por Anaximandro Bustamante Rodríguez, y Renán Alfonso Rubio Niquen; quienes no trabajan para la empresa.

    Cabecillas de protestas no son trabajadores

    Anaximandro Bustamante Rodríguez es un ex trabajador de Agropucalá, procesado por la Sala Penal Nacional por los delitos de asociación ilícita para delinquir, fraude procesal y otros en agravio de Agropucalá.

    Renán Alfonso Rubio Sánchez, fue despedido de la empresa Agropucalá por la presunta adulteración de planillas de remuneraciones; y actualmente la Fiscalía lo investiga por los delitos de fraude informático y falsificación de documentos.

    Autoridades constataron alteración del orden público

    En presencia del Fiscal y la PNP, la magistrada manifestó que ya había atendido en más de una ocasión a los manifestantes; a pesar de lo que se encontraban alterando el orden público.

    Al no existir ningún motivo para que la jueza Fabian Palomino atienda a los protestantes; el Fiscal Erland Sánchez Díaz recomendó al Comandante PNP César Serrano Mendoza, considerar el estado de emergencia por el COVID-19, y restablecer el orden público.

    En el acta fiscal se dejó constancia además que los manifestantes se encontraban restringiendo el paso vehicular; así como, violando normas sanitarias exponiéndose a sí mismos, y a los transeúntes, al contagio del COVID-19.

    Asimismo, el día 14 de enero, la Fiscalía intervino ante los constantes hechos violentos en Pucalá; en esa oportunidad, registró la identidad de las personas que se encontraban realizando bloqueos de vías públicas a la altura del Servicentro de Patapo.

    La Fiscalía exhortó a los manifestantes a que cesen este tipo de actos ilícitos que configurarían los delitos de disturbios, extorsión, violación de medidas sanitarias en estado de emergencia, entre otros.

    Trascendió, que detrás de estos desmanes, estarían cuestionados personajes que financian movilidades, artefactos pirotécnicos, ollas comunes y hasta el uso de armas de fuego que se utilizan en los actos violentos, realizados para presionar a la jueza Fabian Palomino; por lo que la Fiscalía investiga estos hechos.

    Actualmente se registra patrullaje policial en la zona de los disturbios; y se anuncia la intervención de los revoltosos por causar disturbios en pleno estado de emergencia.

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