Ministerio Público la acusa de “simular la contratación de presuntos servicios de mantenimiento para 40 vehículos de la Presidencia del Consejo de Ministros por S/ 177,279”
El Ministerio Público presentó un requerimiento de acusación contra la ministra de Producción, Rocío Barrios, por el delito contra la administración pública en la modalidad de peculado doloso por presuntamente haberse adueñado de dinero del Estado cuando se desempeñaba como Directora General de la Oficina de Asuntos Administrativos de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en el 2014.
Según la fiscalía, la actual ministra es responsable por “haberse apropiado de dinero del Estado, habiendo simulado haber contratado entre los meses de julio y diciembre del 2014 presuntos servicios de mantenimiento correctivo para 40 vehículos pertenecientes a la Presidencia del Consejo de Ministros por un monto de 177, 279 soles”.
La Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción considera que, si bien no tiene antecedentes penales, se debe considerar que hay una pluralidad de agentes que intervinieron en el supuesto delito. Con este atenuante y agravante respectivamente, solicitan en total 9 años y 3 meses de prisión efectiva.
El documento incluye a Ángel Portugal, Carlos Enrique Escalante, Ángel Cornejo y Carmen Ruth Ibarcena en su condición de servidores de la presidencia del Consejo de Ministros. Además se imputa a Anthony Elías Torres en su condición de representantes de las empresas Caso Importadora Abdrea SAC, Grupo Torres y Torres Luna como cómplice del delito de peculado doloso.
Asimismo, se indica que los referidos funcionarios admitieron que el servicio se dio “sin que hubiera el requerimiento exigido por ley, ni las constataciones de conformidad, ni evidencias de haberse realizado”.
El requerimiento contra Rocío Barrios y otros que lleva la firma del fiscal adjunto Edwin Manrique Durand fue presentado ante el Poder Judicial el pasado 31 de enero, junto con todos los elementos de convicción.
SE DEFIENDE
Barrios emitió un comunicado en el que sostiene que la denuncia presentada por el fiscal Edwin Manrique Durand por presunto peculado “no tiene asidero legal”.
“La acusación fiscal carece de asidero legal, toda vez que mi accionar al expedir la Resolución Directoral fue emitida en estricto cumplimiento del marco legal vigente, en concordancia del pronunciamiento del Tribunal de Contrataciones del Estado, no habiéndome apropiado de dinero o caudal alguno que me hubiera sido confiado, pues dichos pagos le fueron transferidos a las mencionadas empresas a través del área de Tesorería, ni mucho menos causé perjuicio alguno al Estado”, señaló.
“Los pagos de S/110,123.83 y S/67,155.57 se autorizaron mediante la R.D. 303-2014 -PCM/0GA para asumir el pago de los servicios de mantenimiento que fueron brincados a los vehículos de la PCM, en la gestión anterior a que yo asumiera dicha Dirección General”, añadió.
