Este requerimiento involucra también a excongresistas fujimoristas y exasesores del partido naranja.
El Ministerio Público ha solicitado al Poder Judicial autorizar el levantamiento del secreto de las comunicaciones de Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, como parte de la investigación preparatoria que implica al exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry, por la presunta comisión de delitos de función en un caso vinculado a las investigaciones de Lava Jato en el país.
De acuerdo con un documento de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos citado por RPP, el requerimiento también implica a los excongresistas Jorge del Castillo, Daniel Salaverry, Rosa Bartra, Karina Beteta, Bienvenido Ramírez, así como los exasesores del partido naranja, Pierre Figari, Ana Herz y Vicente Silva Checa, y otras cinco personas.
La medida también comprende a Chávarry y sus exasesores Juan Duarte, Rosa Venegas, Aldo León, además de otros cuatro imputados en este caso. El juez supremo Juan Carlos Checkley programó para el jueves 29 de febrero una audiencia virtual “reservada” en la que evaluará la solicitud para emitir una decisión.
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Chávarry, acusado de delitos de atentado contra la conservación e identidad de objeto, encubrimiento real y encubrimiento personal agravado en grado de tentativa, fue investigado después de que las cámaras de seguridad del edificio del Ministerio Público mostraron que estuvo presente cuando su exasesora Rosa Venegas ingresó a las oficinas que habían sido lacradas un día antes por el fiscal anticorrupción José Domingo Pérez.
En mayo de 2019, la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó una denuncia constitucional a raíz de este caso. El expediente enviado al Congreso consta de 1.490 folios y una carpeta auxiliar de otros 113 folios, referidos a la irrupción de funcionarios en las oficinas lacradas del Ministerio Público.
Chávarry, también vinculado con una red de corrupción en la Judicatura conocida como ‘Los cuellos blancos del puerto’, hoy cumple una condena de cuatro años de prisión suspendida por haber intentado boicotear las investigaciones del equipo especial que sigue el caso Odebrecht para favorecer los intereses de Fuerza Popular.
