El estado de emergencia regirá desde el 11 de octubre a partir de las 00:00 hastas las 4:00 de la madrugada
El Gobierno ha anunciado la ampliación del estado de emergencia para abarcar el Cercado de Lima y Lince, con vigencia a partir del 11 de octubre.
El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, explicó que esta medida tiene como objetivos principales la preservación de la seguridad y la erradicación de la trata de personas.
?️ Ejecutivo declara estado de emergencia en Lince y Cercado de Lima para reforzar seguridad ciudadana
Consejo de Ministros también aprobó norma para la no prescripción de las requisitorias por casos de violencia hacia la mujer.https://t.co/t6GJ1XHyYU
— Consejo de Ministros (@pcmperu) October 9, 2023
La decisión fue tomada durante la sesión del Consejo de Ministros, en respuesta a informes proporcionados por la Policía Nacional sobre la situación en ambas jurisdicciones.
El ministro del Interior, Vicente Romero, destacó que el Cercado de Lima es el segundo distrito con alta incidencia delictiva después de San Juan de Lurigancho, con delitos como hurtos, robos, extorsiones y estafas. En paralelo, Lince también se considera una zona problemática, con informes que indican la realización de acciones de trata de personas en más de siete puntos.
Te puede interesar:
Militares apoyarán el trabajo de la policía
El estado de emergencia implicará que la Policía Nacional asuma el control del orden interno, con el respaldo de las Fuerzas Armadas para aplicar las restricciones constitucionales correspondientes.
Se establecerán restricciones en las actividades comerciales desde las 00:00 hasta las 4:00 de la madrugada. El ministro Romero señaló que se realizarán evaluaciones periódicas para determinar si es necesario ajustar las medidas después de 10, 15 o 20 días.
Esta decisión responde a la solicitud de autoridades locales, como la alcaldesa de Lince, Malca Schnaiderman, quien ha recibido amenazas de muerte y requería seguridad adicional.
Además, se ha extendido el estado de emergencia a las provincias de Putumayo y Mariscal Castilla en Loreto debido al tráfico ilícito de drogas y la alta incidencia delictiva. También se ha aplicado esta medida al Corredor Vial Sur debido a amenazas de conflictos sociales. Asimismo, la provincia de Pataz en La Libertad por delitos relacionados con la minería ilegal y homicidios.
