Autoridades del Ejecutivo se presentaron ante la Comisión de Constitución
El premier Ernesto Álvarez y otros ministros sustentaron ante la Comisión de Constitución del Congreso el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo, iniciativa que propone, entre otras modificaciones, la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir), en reemplazo del INPE.
El titular de Justicia Walter Martínez y otros de sus colegas presentaron 14 propuestas ante el Parlamento para sustentar la solicitud de facultades para legislar en materia penal, penitenciaria y de lucha contra la extorsión.
«Una de nuestras prioridades es fortalecer las medidas contra el delito de la extorsión. El Código Penal no reconoce expresamente a la inteligencia criminal como una fase preprocesal legítima», sostuvo inicialmente.
Por ello, el titular de Justicia expuso que el Gobierno propone modificar el Código Penal y el Código Procesal Penal «para regular la inteligencia criminal como fase preprocesal».
Asimismo, durante la sesión extraordinaria, Martínez expuso las iniciativas del sector orientadas, específicamente, a modernizar las leyes del sistema penitenciario dada la coyuntura actual.
Durante su exposición, el ministro sostuvo que la estructura del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) se encuentra desfasada y no va en concordancia con la dinámica delictiva actual.
Por ello, anunció la propuesta de crear la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir) en reemplazo del INPE y del Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej), que se disolverán.
Otro de los ejes propuestos es incorporar al Código Penal el delito agravado de suministro ilegal de servicios de telecomunicaciones, para sancionar a quienes instalan o financian redes clandestinas dentro de penales.
Además, se busca regular la inteligencia criminal como fase preprocesal; incluir la extorsión en los supuestos que permiten levantar el secreto de comunicaciones en 24 horas; y autorizar la revisión inmediata de equipos electrónicos incautados en casos de extorsión, sicariato o secuestro.
Asimismo, reducir de tres años a uno el plazo para la destrucción de armas incautadas, bajo supervisión del Ministerio Público.
El Minjus también propone crear el Subsistema Especializado contra la Extorsión y sus Delitos Conexos (SEEDC), que integrará fiscalías, juzgados y unidades policiales especializadas para abordar este delito de manera articulada.
