Demandan planes concretos para generar empleo, destrabar más de 2,000 obras paralizadas y enfrentar el avance de la criminalidad y corrupción en el país.
La Confederación Nacional de Trabajadores de Construcción Civil (Conatracc) elevó la presión sobre los candidatos presidenciales Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, a la segunda vuelta electoral, exigiéndoles propuestas claras, viables y urgentes para enfrentar la crisis que atraviesa el sector construcción y reactivar la economía nacional de cara a la segunda vuelta electoral.
El gremio sindical, mediante un comunicado, sostuvo que el próximo gobierno deberá asumir compromisos concretos para destrabar más de 2,000 obras públicas paralizadas en distintas regiones del país, muchas de ellas detenidas desde hace entre cinco y diez años, situación que viene afectando directamente el empleo formal y el crecimiento económico.
Según datos citados por la organización, la inversión comprometida en estos proyectos supera los S/ 30,000 millones, recursos que permanecen inmovilizados sin generar impacto en infraestructura, servicios básicos ni puestos de trabajo.
Para el presidente de Conatracc, Augusto Ramos Dolmos, los debates electorales entre los candidatos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú, no puede limitarse a discursos políticos o confrontaciones ideológicas, sino que debe centrarse en propuestas reales que permitan impulsar la reactivación económica e industrial del país.
“El Perú necesita decisiones inmediatas para generar trabajo formal y recuperar la confianza en la inversión pública. No podemos seguir con miles de obras abandonadas mientras aumenta el desempleo y la inseguridad”, señaló el dirigente sindical.
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La organización advirtió que la reactivación de los proyectos paralizados permitiría crear más de 60,000 puestos de trabajo directos, además de miles de empleos indirectos vinculados a actividades complementarias como transporte, comercio, producción de materiales y servicios.
Sin embargo, el gremio cuestionó que, pese a la paralización de obras y al deterioro del empleo formal, muchas empresas constructoras continúan registrando elevados niveles de rentabilidad.
Conatracc explicó que las constructoras reciben hasta un 25 % adicional sobre el costo directo de las obras, considerando el 10 % correspondiente a utilidades y el 15 % asignado por gastos generales. A ello se suma la actualización permanente de precios de materiales como acero, cemento y agregados de construcción de acuerdo con el tipo de cambio del dólar.
“Mientras las empresas mantienen márgenes millonarios, los trabajadores enfrentan salarios insuficientes y condiciones cada vez más precarias”, denunció Ramos Dolmos.
El dirigente también cuestionó las negociaciones entre la FTCCP (CGTP) y la Capeco de los incrementos salariales aprobados para los trabajadores de construcción civil. Precisó que para el año 2025 solo se autorizó un aumento diario de S/ 0.35 y para el 2026 un incremento de apenas S/ 1.00, montos que calificó como “insuficientes y alejados de la realidad económica del país”.
Ante ello, anunció que el gremio exigirá a ambos candidatos presidenciales compromisos concretos para recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores y revisar el sistema de distribución de utilidades en las obras públicas y privadas.
La propuesta de Conatracc plantea que los trabajadores accedan al 10 % de las utilidades de cada obra mediante un fondo intangible destinado directamente a los obreros y obreras del sector.
Otro de los temas centrales planteados por la organización sindical es la lucha contra la criminalidad organizada, el sicariato y la extorsión que afectan cada vez con mayor fuerza al sector construcción.
El gremio alertó que en los últimos años varios dirigentes sindicales fueron asesinados y numerosos líderes regionales continúan recibiendo amenazas de muerte vinculadas a mafias y organizaciones criminales que operan en obras civiles y proyectos inmobiliarios.
Frente a esta situación, Conatracc demandó a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez presentar planes específicos de seguridad para el sector, incluyendo protección policial especializada, fortalecimiento de inteligencia en zonas de alta inversión y endurecimiento de penas contra el sicariato y la extorsión.
Asimismo, Ramos Dolmos exigió acciones inmediatas para combatir la corrupción y la burocracia enquistadas en diversas entidades públicas.
El dirigente cuestionó especialmente la demora en la aprobación de proyectos de saneamiento, carreteras, hospitales, colegios y electrificación, señalando que miles de familias continúan esperando durante décadas por obras básicas.
“No es posible que una población tenga que esperar entre 13 y 20 años para que un proyecto de agua potable recién llegue a licitación”, afirmó.
Finalmente, el gremio sostuvo que el próximo gobierno tendrá la obligación de demostrar capacidad de gestión, transparencia y firmeza frente a la inseguridad, advirtiendo que la estabilidad laboral y económica de miles de trabajadores dependerá de las decisiones políticas que se adopten tras la segunda vuelta electoral.
CAPÍTULO ECONÓMICO
Asimismo, la Confederación Nacional de Trabajadores de Construcción Civil expresó su preocupación y rechazo ante las propuestas orientadas a modificar el capítulo económico de la Constitución Política del Perú, advirtiendo que cualquier cambio improvisado o ideologizado podría generar inestabilidad económica, paralización de inversiones y pérdida masiva de empleos formales.
El presidente del gremio, Augusto Ramos Dolmos, sostuvo que el país atraviesa un momento delicado en materia de empleo, crecimiento económico y seguridad ciudadana, por lo que consideró irresponsable abrir un debate constitucional que podría afectar la confianza empresarial y frenar proyectos de inversión pública y privada.
“La prioridad del país no debe ser generar incertidumbre económica ni confrontación política. Hoy el Perú necesita reactivar obras, atraer inversiones y garantizar empleo para miles de trabajadores que viven de la construcción civil”, afirmó.
Señaló que, el sector construcción depende directamente de la estabilidad económica y jurídica, especialmente en actividades vinculadas a infraestructura, minería, hidrocarburos y vivienda, áreas que generan miles de puestos de trabajo en todo el país.
En ese contexto, advirtió que promover cambios en las reglas económicas podría agravar aún más la desaceleración económica y provocar el retiro o postergación de nuevos proyectos de inversión.
“La incertidumbre espanta inversiones y cuando no hay inversión, no hay trabajo. Los más afectados siempre terminan siendo los trabajadores y las familias más humildes”, señaló Ramos Dolmos.
La organización sindical también pidió a los candidatos presidenciales actuar con responsabilidad y concentrar sus propuestas en temas urgentes como la lucha contra la criminalidad, la corrupción, la reactivación industrial y la generación de empleo formal.
Asimismo, demandó medidas concretas para agilizar proyectos de agua, saneamiento, carreteras, hospitales y electrificación, sectores que —según indicó— tienen capacidad inmediata para dinamizar la economía nacional.
Conatracc sostuvo que cualquier reforma constitucional debe realizarse mediante consensos técnicos, sociales y democráticos, evitando decisiones apresuradas que puedan poner en riesgo la estabilidad del país.
