La Defensoría del Pueblo presentó el Reporte de Conflictos Sociales 216, correspondiente al mes de febrero de 2022, el cual da cuenta de la existencia de 203 conflictos sociales en todo el país, de los cuáles 157 se encuentran activos y 46 latentes. La cifra significa cinco más en relación al mes anterior.
En el lote de los 203 conflictos sociales, tres de ellos son de tipo socioambiental, uno se desarrolla en Cusco, donde la comunidad campesina de Urinsaya exige a la empresa minera las Bambas y al Gobierno que sea declarado como área de influencia directa ambiental y social.
Los otros dos se registran en las regiones de Moquegua y Piura; en el primero de ellos, la comunidad campesina de Tumilaca-Pocota-Coscore-Tala demanda una compensación económica y el pago anual por el uso de sus tierras como botaderos por parte de la empresa minera Southern Perú Copper Corporation.
En el segundo, los habitantes de Chusis y Miramar, de la provincia de Sechura de la región Piura exigen a la empresa Gases del Norte del Perú (Gasnorp), que presenten un Estudio de Impacto Ambiental Semi Detallado (EIA-sd) para que procedan con la instalación de las líneas troncales de distribución de gas de alta presión en la provincia.
